El gobierno Santos no tuvo la capacidad de ocupar con el Estado las tierras dejadas por las Farc. Creyó que con darles a los jefes de la subversión la prematura jubilación para que gozaran de sus riquezas acumuladas a través del delito y unas curules en el Congreso, la paz estaba garantizada.
En medio de esos equívocos, se ha venido originando un nuevo conflicto. El asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos –genocidio que recuerda la desaparición de la Unión Patriótica hace algunos años– alcanza cifras dramáticas. Según Indepaz, entre el primero de enero del 2016 a mayo del 2018, van 385 homicidios. La Defensoría del Pueblo los estima en 311. La Policía afora las muertes y asesinatos en 178. Sea una u otras cifras, el panorama...