El lunes 6 de julio del año corriente se publicó una desinformada carta firmada por 94 miembros de la Cámara de Representantes de los Estado Unidos, dirigida al secretario de este país, Mike Pompeo, solicitándoles tanto al gobierno de Donald Trump como al de Iván Duque, ponerle fin a la violencia contra los defensores de los derechos humanos. En dicha carta se insta a Pompeo a solicitarle al gobierno de Duque renovar sus compromisos de implementar los “históricos Acuerdos de paz” de 2016 y proteger a los amenazados defensores de los derechos humanos de Colombia, recordándonos que, desde cuando se firmó el Acuerdo con la “extinta guerrilla de las Farc”, se han asesinado unos 400 de los defensores mencionados.
Para los desorientados Representantes estadounidenses, el gobierno colombiano ha sido muy lento en implementar los acuerdos, en judicializar a los responsables, en publicar los resultados de estas investigaciones y en llevar las instituciones civiles del Estado a las zonas de conflicto. Exigen desmantelar las redes de “paramilitares involucrados en el tráfico de drogas”.
Solicita la carta, además de lo anterior, responsabilizar por sus abusos a los miembros de la inteligencia del Ejército Nacional de Colombia que les realizaron seguimientos telefónicos ilegales a 130 periodistas tanto estadounidenses como colombianos y a algunos otros líderes políticos. También le piden al presidente Trump que mantenga la cooperación con Colombia mientras marchen en forma satisfactoria para los EE.UU. una buena y oportuna implementación de “los históricos Acuerdos”. Esta petición es, quizá, lo más razonable de la carta citada.
Para el autor de esta nota, los Acuerdos no han sido hechos tan históricos, porque no los justifican el haber cuadruplicado el área plantada con coca durante el gobierno que los redactó y los firmó, contra el voto mayoritario de los colombianos. Ni el haberle legado a su sucesor, el gobierno del presidente Duque, un poder judicial y unos jueces que nos impiden combatir el narcotráfico fumigando con glifosato, con extinciones de dominio y extradiciones rápidas.
Ignoraron los 94 Representantes que por culpa de los dineros de la coca provenientes de los consumidores estadounidenses se afectaron en forma severa nuestra industria, nuestra agricultura, nuestra justicia y se nos elevó la pobreza, razón por la cual careció la elección de Duque de votos para contar hoy con mayorías en el Congreso para reorientar al país como los señores Representantes y muchos de nosotros desearíamos.
Para concluir, los 400 defensores asesinados no han sido víctimas de la lentitud del gobierno del presidente Duque. La Fiscalía ha declarado que los asesinatos ocurren en zonas cocaleras donde los narcotraficantes se asesinan y se disputan entre sí los territorios. Y que muchos de ellos han sido ingenuos campesinos cultivadores de coca, dispuestos a erradicar sus plantaciones para remplazarlas por cultivos lícitos, de acuerdo con los planes del Gobierno. Pues bien, sus asesinos, los verdaderos responsables, han sido las “no extintas guerrillas y los carteles mexicanos”, que asesinan campesinos para advertirles a sus vecinos que correrán la misma suerte si se aprestaren a acogerse a los planes de sustitución de cultivos del Gobierno.