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Las investigaciones dentro del Ejército Nacional frente a una red de oficiales que favorecería el amparo de armas a civiles que no cumplían los requisitos necesarios, entre ellos jefes de bandas del crimen organizado en Medellín, le dan otro mazazo a una institución que afronta un 2019 en medio del fuego cruzado de denuncias sobre la reaparición de directrices orientadas a conseguir “positivos” contra los grupos armados organizados a cualquier precio, incluso pasando por encima del respeto a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Detrás de la trama de las armas estaría la entrega de grandes sumas de dinero, a modo de estipendios, a oficiales de alto rango que autorizaron la expedición de salvoconductos, incluso especiales, para armas que fueron a parar a manos de reconocidos jefes del hampa metropolitana. ¿Cómo explicar que cabecillas de la denominada Oficina, con procesos abiertos por porte ilegal de armas, concierto para delinquir y homicidio hayan tenido revólveres o pistolas autorizadas por seccionales del Departamento de Control Comercio de Armas del Ejército Nacional (DCCA)?
Son muchas las preguntas sobre cómo y en qué circunstancias se han conocido o contactado esos oficiales con los cabecillas del bajo mundo, o con sus intermediarios. Las inquietudes caben si se advierte el escándalo anterior a este, dada la protección que brindaba el coronel Elkin Argote a Miguel Antonio Bastidas, alias Gárgola, jefe de la estructura criminal conocida como ‘la Constru’, que opera en Putumayo, Nariño y el sur del Valle.
Los señalamientos de diversa índole salpican a un amplio espectro de mandos militares, ante lo cual la ciudadanía se pregunta, con razón, en manos de quién está la seguridad nacional, con involucrados en investigaciones que pasan por ejecuciones extrajudiciales, complicidad con narcotraficantes y entrega de armas a reconocidos jefes del crimen organizado. Contexto bastante lesivo para una institución esencial de la República, sobre la que reposa parte de la solvencia moral del Estado.
Cansados de guerrilleros y paramilitares brutales, penetrados por el narcotráfico y autores de una variadísima gama de delitos de lesa humanidad, inspiradores de formas y fenómenos aterradores de violencia y criminalidad, ahora los colombianos se tropiezan con un Ejército en la obligación impostergable de una purga y de un castigo ejemplar a quienes le corrompen y desvirtúan.
Que no se opaquen las charreteras y las medallas. El país tiene suficiente con el descrédito de su clase política, como para tener que contemplar esta ráfaga de escándalos que estaban tan bien camuflados.
