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Ana Cristina Restrepo Jiménez
Columnista

Ana Cristina Restrepo Jiménez

Publicado el 13 de febrero de 2019

Defender las audiencias

Hace algunos años, la revista Universidad de Antioquia publicó un debate entre el maestro Alberto Aguirre y el profesor Malcolm Deas. Los lectores nos nutrimos de aquella conversación sofisticada, guiada por el respeto a un principio básico de la argumentación: se debate en torno a ideas.

Los columnistas emprendemos diálogos a partir de asuntos que afectan a la comunidad. Por ejemplo, cuando un columnista controvierte el clamor “si el Estado no nos defiende, al menos que nos deje defender a nosotros”, ha de concentrarse en las palabras y la idea que configuran. Personalizar la discusión, adjetivarla, tergiversar las apreciaciones del “oponente” o mentir, son actos desleales con las audiencias (lectores, oyentes, televidentes, internautas).

Puesto que la información es un bien público, una columna, un medio de comunicación, no debe servir a intereses privados. El maestro Javier Darío Restrepo lo expresa mejor en la Red Ética FNPI: “Su deber [del periodista] no está unido a ningún interés distinto al de la comunidad”. Se honra al lector con la verdad, el respeto a las ideas, a las personas. Cuidamos la vida.

El periodismo de opinión no puede ser ajeno al fact checking: sus pilares argumentativos tienen que apoyarse en hechos y/o datos verificables.

El marido de una accionista de este medio de comunicación, quien se identifica en su perfil como “columnista de El Colombiano y mamagallista folklórico”, publicó en una red social que soy “una activista política de la guerrilla”.

EL COLOMBIANO emitió un comunicado.

Este debate expone dos niveles de desigualdad. El primero es de poder (social, político, económico): columnista de fin de semana, exfuncionario, cónyuge de una accionista del medio de comunicación más poderoso de Antioquia.

El segundo nivel lo establece el comunicado de EL COLOMBIANO: “Confiamos en que la controversia entre los dos columnistas se resuelva por las vías que corresponden”. Al calificar un delito (calumnia) como “controversia”, este diario equipara en el nivel ético al calumniador y su agredida. Por petición mía, el columnista rectificó la calumnia, con esmerada asesoría legal: ratificó la agresión amparándose en la sentencia C-010 de 2000 de la Corte Constitucional. No reproduzco la “rectificación” por razones obvias.

Esto no se trata de una periodista atea que defiende el Estado laico, la diversidad sexual, el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y las soluciones negociadas con los grupos insurgentes. Una ciudadana que honra el derecho a la libre expresión dentro del marco de la ley (defiendo mi columna tanto como la de mi agresor, ¡que me insulte a su antojo!... pero eso sí, sin hacerle zancadilla al Código penal). Aquí se trata de defender las audiencias protegiendo la libertad de expresión, propiciando la autorregulación ética y la lealtad en el debate.

Ser moderador no es tarea fácil. Cuando el calumniador emitió la falacia, desde la redes sociales expresaron su rechazo Fidel Cano y Camila Zuluaga, directores de medios con quienes solo me unen lazos profesionales. La razón de su reacción inmediata es obvia: ratificar con transparencia ante las audiencias que ni El Espectador ni Blu Radio le abren espacios de opinión a actores ilegales.

Si EL COLOMBIANO considera que soy una “activista política de la guerrilla”: actúe en consecuencia.

Defender las audiencias es proteger la verdad, la honra de las personas y sus ideas. El resto es complicidad con la calumnia.

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