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El pasado 20 de enero, el fiscal general Eduardo Montealegre señalaba que la refrendación de los acuerdos de paz no era necesaria jurídicamente, ni deseable políticamente, y que el presidente Santos contaba con la legitimidad suficiente para validarlos sin la intervención de los colombianos. La opinión pública se debatió por días entre apoyo y oposición a las declaraciones del Fiscal, que con esa habilidad para desaparecer, propia de los alborotadores profesionales, ha guardado silencio, probablemente, hasta su próxima “brillante” propuesta.
De manera similar, aunque fuera para aplacar la curiosidad de un periodista, el 26 de enero el presidente Santos sugirió desde Francia que le gustaría evaluar la posibilidad de proponer en la mesa de negociación que una eventual “policía rural”, que se crearía luego de los acuerdos, pueda estar integrada por desmovilizados de la guerrilla.
La “idea” que se le ocurrió a Santos supondría crear una milicia armada vulnerable de ser cooptada por el partido político que monte la guerrilla una vez se desmovilice.
Una de las principales preocupaciones de cualquier acuerdo de paz –presente en muchas negociaciones internacionales- es evitar que la fuerza que se desmovilice se vea “tentada” a retomar las armas o peor aún, a utilizarlas para alcanzar sus objetivos políticos. Organizar policías rurales en donde puedan influenciar directamente los miembros de las Farc –activos e inactivos- supone un enorme riesgo de que lo segundo ocurra y que en esas zonas de periferia donde coincidan partido político de desmovilizados y policía rural de desmovilizados, resurja la violencia.
Los desmovilizados no necesitan este espacio, bien pueden entrar a los programas que ya existen y son bastante buenos manteniendo a los excombatientes por fuera de la guerra. De acuerdo a un informe de la Fundación Ideas para la Paz de 2014, el 76 % de los desmovilizados se ha mantenido en la legalidad. Nada mal.
Desde su inicio, mi posición personal respecto a la negociación entre Gobierno Nacional y Farc ha sido muy similar –creo- a la de muchos colombianos: de escéptica expectativa, de esperar, con prudencia pero sin mucha ilusión, a ver con qué salen los negociadores de ambos bandos una vez terminen de ajustar los acuerdos y se los presenten a los colombianos.
Pero más allá de la obvia torpeza de estas salidas del Fiscal y Presidente –ejemplos de al menos otra docena de incidentes similares- estoy convencido de que esa idea de utilizar a la opinión pública como “laboratorio de propuestas” respecto al proceso de paz es tan inconveniente para el país y el Gobierno Nacional como para el mismo futuro de la negociación y, sobre todo, para las perspectivas de victoria de esa eventual –y esperada por muchos- refrendación popular de sus acuerdos.
Así el Fiscal crea que no es “ni necesaria, ni deseable”.
