Por María Paulina Arango F.
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Jorge tiene 29 años, nació en Urabá y fue el menor de siete hijos. De niño asistía entusiasmado a la escuela con un cuaderno y un lápiz dispuesto a aprender pero con el estómago vacío. Recuerda que los profesores compartían algo de su comida con él. A los siete años su padre decidió sacarlo de la escuela y lo llevó a trabajar en agricultura; su carga laboral era tan exigente que a los 11 años empezó a sentirse adulto. La pobreza estuvo acompañada para Jorge y su familia de múltiples desplazamientos causados por los enfrentamientos entre grupos guerrilleros y paramilitares. Como población civil quedaron en medio del fuego cruzado, desprotegidos, sin poder cosechar lo que habían sembrado y horrorizados por las masacres ocurridas a su alrededor. Para protegerse de lo que percibía como una muerte inminente e injusta decidió unirse a las Farc, donde permaneció algunos años, pero antes de la firma del acuerdo de paz decidió escaparse y empezar una nueva vida.
En el 2019 Jorge terminó su bachillerato, con planes de estudiar un programa tecnológico en el Sena. Actualmente trabaja en una empresa, en servicios varios, con un salario mínimo, esperando recibir del gobierno nacional un capital semilla de $8 millones para invertir en la creación de su propia miscelánea.
Como Jorge, en los últimos 17 años, 25.550 hombres y mujeres han concluido en Colombia su proceso de transición de la vida armada –paramilitar o guerrillera– a la vida civil, haciendo transformaciones en sus vidas. Hoy otras 4.333 personas se encuentran en proceso de reintegración.
A personas como Jorge el acceso a la educación les ha brindado la posibilidad de capacitarse laboralmente, sentirse tenidos en cuenta y, por primera vez, respetados, tener esperanza en que una vida mejor es posible y visualizar un futuro, impensable en la guerra, donde la inminencia de la muerte solo permite vivir en un presente constante.
El cambio ha sido posible por determinación personal y apoyo gubernamental. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), anteriormente Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), es una entidad pública que desde hace más de una década facilita la reconciliación, coordinando con distintas instituciones la provisión de servicios para los desmovilizados, tales como educación acelerada para validar la primaria y el bachillerato, educación vocacional, técnica, tecnológica y universitaria, atención psicosocial y en salud, e inserción económica, a través de capitales semilla condicionados al cumplimiento estricto de los compromisos de reintegración y de acciones de servicio social para la comunidad. Los desmovilizados tienen un plazo de siete años, asistidos por un reintegrador, para concluir su proceso. A diferencia de instituciones desprestigiadas, la ARN se destaca por sus procesos estructurados, holísticos y coordinados, y por sus funcionarios, comprometidos con la reintegración y la paz.
A pesar de los logros de la ARN y de las trasformaciones profundas en los desmovilizados, quedan tareas pendientes. Los procesos de formación demandan evaluación y seguimiento que permitan realizar mejoras. Una vez concluyen los procesos formativos, los nuevos ciudadanos necesitan acompañamiento para hacer sostenibles sus emprendimientos. Con mayor apertura, el sector privado podría ofrecerles oportunidades de trabajo y la población civil más entendimiento y contacto, para que los prejuicios y rencores vayan dando paso a la reconciliación.