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Publicado el 13 de junio de 2019

El acuerdo y la migración

Por José Ramón Cossío Díaz

En la declaración conjunta acabada de emitir por México y los EE. UU. para evitar la imposición de aranceles al primero, los temas migratorios resultan de especial importancia. México quedó obligado, en general, a incrementar sus acciones contra la migración irregular, desplegar la Guardia Nacional, en su frontera sur, y combatir las redes de trata de personas. En particular, a permitir la estancia en su territorio de quienes hubieren solicitado asilo en EE. UU., garantizándoles trabajo, salud, educación y respeto a sus derechos humanos. Este último país se comprometió a hacer más expeditos los trámites migratorios. ¿A qué quedó comprometido México?

El marco normativo aplicable es la Convención Sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) y su Protocolo Adicional (1967), obligatorios en México desde el 2000, y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político (2011). Relacionando los compromisos recién asumidos con estas normas, México está obligado a proteger a todas las personas que, habiendo cruzado por su territorio, hayan solicitado asilo en los EE. UU., independientemente de si su país de origen fue o no centroamericano. También, a hacerlo con la plenitud de las obligaciones provenientes de los tratados y la Ley. Más allá de lo que implica que el cumplimiento de las obligaciones propias quede sujeto a la tramitación de asilo por las autoridades estadounidenses, hay dos aspectos a considerar.

El primero es que, conforme a la Ley Sobre Refugiados, toda persona en territorio nacional o fuera de él, tiene el derecho a solicitar la “condición de refugiado”, independientemente de su calidad migratoria y a que se cumplan los principios de no devolución, no discriminación, interés superior del niño, unidad familiar, no sanción por ingreso irregular y confidencialidad. En 45 días la Secretaría de Gobernación debe otorgar la solicitud si existe “fundado temor” de que el solicitante sea perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social o por la emisión de opiniones políticas, o huido porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas. Quien ingrese a territorio mexicano, legal o ilegalmente, y acredite estar en esas condiciones, tiene la expectativa fundada de obtener tal estatus, más allá de si su país de origen está en África, Asia o América. Con ello, estará en posibilidad de exigir el cumplimiento de los principios mencionados.

Como la condición de refugiado confiere el derecho de libertad de tránsito, el refugiado podrá moverse por el territorio mexicano para llegar a los EE. UU. y solicitar, a su vez, asilo en ese país. El segundo aspecto a considerar es el de quienes, sin la condición de refugiados, buscan asilo en EE. UU. y han llegado a solicitarlo mediante una irregular condición migratoria en México. Conforme al convenio recién firmado, ellos también deberán estar en territorio nacional hasta que su situación sea resuelta, siempre en condiciones de amplia protección.

¿Cómo procederá, en su caso, EE. UU.? Desde luego, puede retardar tanto como sea posible la resolución de asilo solicitada, o puede negar las solicitudes, a la espera que México asuma la condición de los refugiados o de los irregulares migratoriamente hablando. Con independencia de cómo se haya llegado a los EE. UU., el acuerdo recién adoptado le ha impuesto a México nuevas cargas migratorias e incentivos que habremos de administrar. Finalmente, quien logre llegar a la frontera y hacer su solicitud, contará con el beneficio de la protección mexicana, condicionada al tiempo y los modos estadounidenses. ¿Es posible que se termine señalando que las solicitudes se niegan porque México es de por sí un buen país de acogida? Hoy no se sabe. Veremos si el acuerdo no termina logrando que México sea, finalmente, y a cambio de poco, el “país seguro”, “país de acogida”, que Estados Unidos ha tratado de crear desde hace tiempo con amenazas y chantajes.

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