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Rafael Isaza
Columnista

Rafael Isaza

Publicado

El Despertador

Por rafael isaza gonzález

rafaelisazag@une.net.co

Amable lector. Un repaso sobre los grupos guerrilleros de Colombia, cualquiera sean las siglas que los identifiquen, tienen como lema que luchan por las personas más desprotegidas. En pocas palabras, por la justicia social. Sin embargo, los hechos demuestran lo contrario. Los campesinos y la gente de menores recursos son las que han debido soportar la crueldad sin límites de quienes pregonan a los cuatro vientos que haya mayor equidad y bienestar para todos.

La semana anterior el Eln, en una acción premeditada, buscando hacer el mayor daño posible, destruyó la vida de 21 jóvenes que querían capacitarse en la Policía Nacional, para servir mejor a sus semejantes.

La prensa y los medios de comunicación se han ocupado de contar los sueños de estos, igual que los de sus padres y hermanos. De estos últimos, en pocas semanas nadie se acordará; tampoco de los primeros.

Muchos se preguntan si el Estado, no importa quien lo represente, puede perdonar y premiar con creces a quienes han obrado con tanta barbarie y sevicia. La mayoría piensa que asesinar, secuestrar y extorsionar, por ser delitos atroces, deben ser castigados de manera ejemplar por el Estado. No hacerlo estimula la justicia humana. ¿Acaso no era pertinente que el nuevo gobierno hubiese dicho que el tiempo para conversar se había terminado? Así se pudo evitar la controversia que tendrá ocupados a los altos funcionarios por meses y al final todo quedará igual.

En adelante, lo más seguro es que este acto criminal que conmovió al país, se convertirá en discusiones sobre el alcance de los protocolos para la terminación de los diálogos. Según el Presidente la política de paz es de gobierno y no de Estado. Con ello quiere dar a entender que él no pactó ningún compromiso. De cualquier manera que sea, Gabino y los suyos se quedarán en Cuba. La historia enseña que una paz condicionada, y más si se premió en exceso a los insurgentes, termina siendo un problema mayor.

Las fuerzas armadas constituidas para conservar el orden público y restablecerlo donde fuere turbado, sin cometer abusos de poder, deben actuar. De manera simultánea, al gobierno le corresponde multiplicar sus esfuerzos para hacer más digna la vida de los que carecen de casi todo. Ya es tarde para tener una reforma tributaria, un régimen de salud, un ordenamiento jurídico y un plan contra la coca, que operen, así sea con un mínimo de eficiencia.

Un pueblo como el nuestro donde cada uno piensa diferente y unos pocos aprovechan cualquier espacio para perturbar el orden público y repetir crímenes como el que se cometió en el corazón de Bogotá, exige prudencia, pero ante todo firmeza. De no ser así, Colombia acabará por perder el norte.

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