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Publicado el 11 de junio de 2019

EL ENEMIGO NO ES EL CONSUMO, ES EL ABUSO

Por JUAN MANUEL GALÁN

El pronunciamiento que acaba de hacer la Corte Constitucional sobre el nuevo Código de Policía, permite el consumo de bebidas alcohólicas y psicoactivas en el espacio público, lugares abiertos al público o que siendo privados trasciendan a lo público.

Lo anterior es un preludio de lo que probablemente será la decisión del Consejo de Estado sobre la legalidad del decreto que faculta a la policía para decomisar cualquier dosis de toda sustancia psicoactiva en la calle. Una salida populista de un gobierno que se enfrasca en discusiones ampliamente debatidas y superadas como la Ley Estatutaria de la JEP.

No es comprensible que el Jefe de Estado insista en la fracasada y costosa “guerra contra las drogas”. Mientras el mundo avanza hacia la descriminalización y regulación del consumo de todas las drogas, este gobierno obstinadamente se empeña en una política coercitiva y de prohibición, a costa no solo del desgaste político, económico y jurídico, sino de poner contra las cuerdas a la fuerza pública que finalmente tiene la ingrata misión de ejecutarla.

La institucionalidad no puede enfocar su acción y presupuesto en la captura y judicialización de consumidores o portadores de la dosis mínima y en las aspersiones aéreas con glifosato. El verdadero reto del gobierno debe ser combatir las estructuras criminales, atacar sus finanzas -fortalecer la UIAF- y destruir los cristalizaderos donde se fabrica el clorhidrato de cocaína.

La tendencia mundial obliga urgentemente a un cambio de paradigma. El enemigo no es el consumo, es el abuso. Desde el 2012 y por una ley de mi autoría, el consumo es un asunto de salud pública y a los adictos se les trata como enfermos y no como criminales. Lamentablemente no ha sido posible la reglamentación de esta iniciativa y se ha impedido que se establezcan las salas de consumo controlado y espacios protectores para el consumidor problemático, alejándolo del estigma y del abuso policial, que además permite monitorear las sobredosis. De esta forma también se protege a los no consumidores que tienen derecho a disfrutar del espacio público. Celebro la decisión de la Corte. Es el momento de que el Gobierno ajuste la política de drogas con la evolución mundial y honre las decisiones del Alto Tribunal acatándolas y cumpliéndolas, pasando del discurso a la práctica.

(Colprensa).

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