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“Por una holgada mayoría de 111 votos contra 43, la Cámara de Representantes decidió anoche ordenar la preclusión (archivo) del proceso al presidente Ernesto Samper, quien ya no será juzgado por el Senado de la República ni investigado por la Corte Suprema de Justicia”, El Tiempo (06/13/1996).
“El Consejo Nacional Electoral decidió archivar la investigación que llevaba en contra del presidente Iván Duque por la presunta entrada irregular de recursos a su campaña, hecho conocido como la Ñeñepolítica”, El Espectador (28/10/2021).
Si Colombia normalizó la máxima “la justicia es para los de ruana”, ¿cómo entender las condenas de algunos altos funcionarios?
“Sabas Pretelt, de ministro estrella a la cárcel. El exministro [Interior del gobierno de Álvaro Uribe], condenado a 80 meses de prisión, tendrá que pagar una multa de 167 salarios mínimos legales mensuales”, El Espectador (15/05/2015).
“Trabajando y dictando clases en la Escuela de Caballería del Ejército, el exministro de la Protección Social [del gobierno Uribe] Diego Palacios Betancourt logró reducir siete meses y 21 días de la condena impuesta en su contra por el escándalo de la Yidispolítica”, El Tiempo (1/03/2018).
“La Sala Especial de Primera Instancia condenó al expresidente de la Corte Constitucional (CC) Jorge Pretelt a 78 meses de prisión. Para la Corte Suprema de Justicia está probado que el exmagistrado Jorge Ignacio Pretelt pidió 500 millones de pesos para intervenir en una tutela de la empresa Fidupetrol, que tenía como objetivo tumbar una multa de $ 22.500 millones por uso indebido de regalías”, Caracol Radio (18/12/2019).
La separación de poderes es una forma de protección de la democracia de vicios como la concentración del poder. Infortunadamente, en Colombia no siempre se cumple, los mecanismos defectuosos de elección permiten que se cuelen personajes como Jorge Pretelt, quien no fue condenado en primera instancia “por ser conservador” ni “por haber sido nominado por Uribe”, sino por corrupto.
Durante casi dos décadas hemos sido testigos de una paradoja: la impunidad parece alcanzar su cénit a la luz de las condenas de funcionarios como Andrés Felipe Arias, Jorge Noguera, Mauricio Santoyo, Alberto Velásquez, Bernardo Moreno, Mario Uribe, Diego Palacio o Sabas Pretelt. Uno tras otro, han caído quienes ocupaban altos cargos del mismo gobierno sin que el máximo líder asuma su responsabilidad de mando. Para completar la burla al sistema, con su renuncia al Senado eligió su propio juez: la Fiscalía General de Francisco Barbosa.
La votación a favor de la ponencia de la CC que pide devolver a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia el expediente contra Álvaro Uribe por presunto fraude procesal y soborno acarrearía tres consecuencias que resignifican la decisión más allá de “fallar en derecho”: (1) protege los principios básicos de la Constitución de la injerencia de un solo individuo,
el más poderoso de la historia reciente en nuestro país; (2) nos retorna a los colombianos la confianza en las instituciones, sobre todo en la justicia, y (3) le recuerda
al nominador de Jorge Pretelt (negociador de sobornos y de tierras despojadas a campesinos) los pilares morales de un tribunal independiente, digno.
¿”No hay quinto malo”? Se sabe de cuatro magistrados a favor y cuatro en contra, el quinto voto definirá mucho más que el estatus judicial de un expresidente
