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Francisco Barbosa está de afán: las imputaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a militares en el Catatumbo y el batallón La Popa evidenciaron tanto la sistematicidad de las “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” cuanto la impunidad estructural en la Fiscalía General de la Nación (FGN).
En ese contexto, la FGN presentó el expediente del general (r) Mario Montoya: documentos engavetados durante años probarían su papel como “determinador” en 104 casos de homicidios en persona protegida. Según estos archivos, en abril de 2008 habría ordenado desaparecer documentos: “La orden de destruir material probatorio fue replicada, por lo menos, por los comandantes de las divisiones Segunda y Séptima, de las brigadas 11, 14, 30 y móvil 15”.
El contraste de testimonios es, tal vez, la herramienta más mediática de la investigación judicial. Aun cuando enfrentan obstáculos que van desde la vulneración de archivos hasta su destrucción alevosa, las pesquisas documentales suelen pasar desapercibidas.
Tras el reciente anuncio de imputaciones al excomandante del Ejército (a partir de febrero de 2006), el movimiento Mujeres Caminando por la Verdad clamó para que la justicia retroceda en el calendario: en 2002, siendo comandante de la IV Brigada, Montoya fue protagonista en las operaciones Orión y Mariscal en la Comuna 13.
La JEP mantiene medidas cautelares sobre La Escombrera, por las evidencias que el lugar podría albergar sobre dichas operaciones de militares en asocio con paramilitares. La exhumación documental es casi tan compleja como la de cuerpos. El abogado Sergio Arboleda (Corporación Jurídica Libertad), recuerda las diligencias adelantadas por una comisión de la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en 2013 y 2015: “Estuvimos haciendo una inspección en los archivos del S-3 y S-2 de la Cuarta Brigada, encontramos que muchos de los documentos de inteligencia y de operaciones militares relacionados con la Comuna 13 se habían destruido producto de una inundación del archivo de inteligencia. O se habían trasladado. O no reposaban donde tenían que reposar. La gran mayoría de la información de inteligencia o está destruida o extraviada”.
El rastro de sangre en archivos en Colombia es una historia por contar: la desaparición de personas y documentos son prácticas que se nutren mutuamente, han consolidado la impunidad y protegido las cúpulas.
Montoya es solo un ejemplo. En ‘El Palacio de Justicia, una tragedia colombiana’, de Ana Carrigan, Constanza Vieira señala: “Más de 6.000 expedientes fueron destruidos en el incendio del Palacio de Justicia, incluyendo los procesos contra militares por violación de derechos humanos”.
En la investigación ‘ChuzaDAS’, Julián Martínez recuerda la famosa “Valija” del DAS: “Andrés Peñate a comienzos de 2016 creó un elegante sistema de información denominado ‘Valija’ para entregar en la Presidencia de la República los documentos secretos de las operaciones de inteligencia del DAS sin dejar sospecha [...] mecanismo que se mantuvo durante las posteriores administraciones de María del Pilar Hurtado, Joaquín Polo y Felipe Muñoz [actual jefe de migración del BID, quien liquidó al DAS] [...] el destinatario procedía a leer los documentos para informarle verbalmente al presidente Uribe los asuntos que transportaba la ‘Valija’. Posterior al repaso de los papeles, estos debían ser inmediatamente destruidos”.
Pronto conoceremos nuevas investigaciones de la JEP: Casanare y Huila. Entretanto, con precisión quirúrgica, el “mejor fiscal de la historia” elige cuáles cajones hurgar
