Por fin entrará en operación, a pesar tantos opositores, la denominada conexión vial Aburrá-Oriente, identificada desde hace décadas como la solución técnica más confiable, la de menor impacto ambiental, pero con un sobrecosto del orden de los $250.000 millones (sin mencionar el lucro cesante) y que, según el cronograma del contrato, acusa un retraso de tres años y medio porque debió entrar en operación en 2015.
Fue durante la administración departamental del Dr. Álvaro Uribe (1995-1997), quien como gobernador tomó la decisión de adjudicarlo mediante la figura de la concesión por 25 años con un contrato cercano a los $360.000 millones.
Pero el gobernador Aníbal Gaviria (2004-2007) desconoció el compromiso adquirido y optó por adjudicar otro con los recursos del peaje de la vía al aeropuerto, con el peregrino argumento que la ampliación a doble calzada de las Palmas costaría la décima parte y sustituiría el Túnel.
Y cuando fue el turno del gobernador Luis Alfredo Ramos (2008-2011), encontró la vía recién pavimentada, pero también la primera víctima, como resultado de uno de los tantos derrumbes que le siguieron y, como había prometido en campaña, logró el cierre financiero del contrato vigente y la histórica iniciación de la obra en el portal occidental del túnel en octubre de 2011.
Pero la alegría tan solo duró cinco meses, porque faltaba que el entonces gobernador Sergio Fajardo (2012-2015), quien lo calificó de necesario pero no prioritario, inició en contubernio con el entonces alcalde Gaviria, el respaldo del ministro Frank Pearl y la presión de los fundamentalistas ambientales, su oposición frontal con base al denominado “principio de precaución” del que trata la ley 99/1993. E invocando además una perla para enmarcar: que su construcción “secaría las fuentes hídricas que alimentan los acueductos de Guarne, Rionegro y Medellín”, relevó a Cornare como autoridad ambiental, que ya había expedido en 2002 la licencia ambiental al departamento, y nos envió desde Bogotá una nueva resolución de la Anla suspendiendo la obra y ordenó más estudios sobre los impactos ambientales.
Y se cuestionaron también la calidad de los estudios hidrogeológicos, geotécnicos, etc., realizados con anterioridad por la firma Integral, una ofensa a la ingeniería de consulta, porque los nuevos confirmaron lo ya conocido: que la permeabilidad era baja y el impacto despreciable.
Encontró entonces el actual gobernador Luis Pérez (2016-2019) un contrato en marcha con un 20 % de avance y el enorme desafío de cubrir los aportes ordenados por la Asamblea y resolver el faltante de los aportes ofrecidos por el presidente Santos en plaza pública, pero que nunca llegaron.
Un resumen apretado de las obras del tercer mundo por culpa de algunos dirigentes que reman en dirección contraria al desarrollo, al crecimiento económico y social y que solo emprenden aquellas obras que les garanticen cortar la cinta y les generen dividendos políticos.