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Ricardo Mejía Cano
Columnista

Ricardo Mejía Cano

Publicado el 12 de octubre de 2020

Entre reversazo y manotazo

Medellín crecía desaforadamente y necesitaba más energía, más agua y más teléfonos. Ni la banca local ni extranjera estaban dispuestos a financiar los nuevos proyectos. Sólo el Banco Internacional. Este ponía la plata necesaria con una condición: la despolitización de las empresas de servicios.

En ese momento se estaban fusionando las empresas de energía, agua y teléfonos y nacían las EPM. En esa época los servidores públicos sabían que su función era servir y no fue difícil aceptar la condición del BI: El Concejo de Medellin estableció: “Las Empresas Públicas de Medellín será una entidad apolítica, dirigida con riguroso criterio de eficacia administrativa, para lo cual emplearán adecuados sistemas técnicos de organización de empresas, ...”.

El 18 de noviembre de 1955 el alcalde, Darío Londoño, aprobó los estatutos de la nueva EPM y la blindó de la politiquería: La junta directiva estaría compuesta por: “El Alcalde de Medellín o el Secretario que él designe, quienes la presidirán, dos miembros de distinta filiación política elegidos por el Concejo de Medellín entre sus miembros, más cuatro miembros nombrados por el Alcalde de ternas enviadas por el Banco de la República, los comerciantes, los bancos establecidos en Medellin y la Andi.”. Y en el artículo 18 se estableció: “La dirección y administración estarán a cargo del Gerente General, de libre nombramiento y remoción de la Junta Directiva”.

Gracias a la anterior fórmula EPM sólo tuvo 4 gerentes entre 1955 y 1970. El último de estos, Octavio Aristizabal Correa, murió en ejercicio de sus funciones en julio de 1970. De lo contrario la estabilidad habría sido aún mayor. Los cambios de gerente no tenían ninguna relación con el cambio de alcalde. El primer gerente de EPM, Óscar Baquero, dejó un principio que desafortunadamente ha perdido vigencia: “Sólo el acierto, el rendimiento y la honestidad se tendrán en cuenta para la promoción de nuestro personal”.

El fortalecimiento de la Anapo a finales de los 60, unido a la descentralización administrativa de la Reforma Constitucional del 68, facilitó que dicho partido promoviera en el Concejo de Medellin una reforma de los estatutos de EPM. Como resultado de dicha reforma salió uno de los miembros de junta del sector privado y fue reemplazado por un concejal. El cambio permitió que la junta pasase a ser dominada por intereses políticos y el efecto fue inmediato: entre 1970 y 1976 EPM tuvo 5 gerentes, lo cual creó una gran inestabilidad administrativa y financiera. Renunciaron importantes jefes de división y técnicos.

Para fortuna de Medellín y del país, en 1976 Diego Calle Restrepo, exministro de hacienda y exgobernador de Antioquia, fue nombrado gerente de EPM. Un hombre de carácter recio y visionario. En sus nueve años al frente de la empresa no sólo la sacó de la crisis, sino que la convirtió en caso de éxito regional.

En 1988, con la elección popular de alcaldes, el interés de los políticos por EPM se agudizó: entre 1985 y 1994 EPM tuvo 5 gerentes.

En 1994, en cumplimiento de lo ordenado por la Asamblea Constituyente de 1991, el Congreso aprobó la Ley 142 de Servicios Públicos: Esta facultó al presidente, a los gobernadores y a los alcaldes a nombrar a la totalidad de los miembros de las juntas directivas de las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios. De nuevo los estatutos de EPM fueron reformados. No dejaron ningún cabo suelto: al gerente también lo nombraría el alcalde.

EPM logró enfrentar con éxito la voracidad burocrática de muchos alcaldes gracias al control riguroso de la ciudadanía. Pero la realidad es que cada nueva reforma de estatutos fue un reversazo en el gobierno de EPM y un manotazo de los polítiqueros.

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