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La historia de Colombia está ligada a los principios democráticos inspirados por Simón Bolívar y Rafael Núñez. La constitución del 86 estableció las bases para que quienes ocuparan los cargos como la Presidencia de la República, el Congreso, las Altas Cortes, las Asambleas y los Concejos, fueran elegidos por voto popular; quienes los asumieron en su oportunidad, tenían altas calidades humanas, cívicas y éticas que merecían el respeto de las gentes; en algunos casos, no acreditaban títulos de educación superior, se regían por las normas morales y las buenas costumbres, valores que garantizaban la probidad de sus actuaciones públicas. En igual forma la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría eran dirigidas por personas íntegras y con altas condiciones personales e impecable ejercicio profesional, ejemplos tenemos en nuestra historia.
La Constitución del 91, con el fin de democratizar las instituciones y promover la participación popular, introdujo cambios en la forma de elegir a los dignatarios de las diferentes instituciones y esos principios se conservaron hasta hace 15 años, cuando personajes elegidos para las corporaciones públicas y aún un Presidente de la República, cohonestaron con “el todo se puede”, anteponiendo los sobornos, las prebendas y componendas políticas, la corrupción, las prácticas mafiosas y hasta el concierto para delinquir amparados por los fueros que les otorgan los cargos.
Esta es la descomposición social y moral que estamos viviendo hoy en el país, con los escándalos que a diario son protagonizados por dignatarios del congreso, magistrados de las altas cortes y funcionarios en todos los organismos del estado. El año pasado las Cámaras de Comercio debieron ser blindadas mediante una ley que reglamentó la postulación a las juntas directivas, con el fin de protegerlas de la amenaza de personas y grupos interesados en lograr privilegios al ostentar dichos puestos. La actividad empresarial tampoco debe ser ajena a estas situaciones, es necesario sancionar en forma ejemplar a los funcionarios que burlen las normas y a quienes mediante artimañas, intrigas y componendas logren un empleo, un título o un contrato.
Está de moda hablar de reformar organismos como el Congreso, las Altas Cortes, la rama judicial y varias instituciones del estado, cuando lo que hay que cambiar son las condiciones para aspirar a ser elegido y la forma de nombrar personas para un cargo; los candidatos deben ser reconocidos por sus principios éticos y morales y con una hoja de vida profesional intachable, acordes con la alta investidura que ocupan; no se puede permitir lo que hoy sucede en la Corte Constitucional con su presidente, tampoco del congresista que al parecer no tiene el título de abogado que dice ostentar y va a juzgar desde la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes a dicho presidente; con estas actuaciones se está desprestigiando a la rama del Derecho.
El estilo de educación que desde hace varias décadas se está impartiendo en el país con la exclusión de las cátedras de cívica, urbanidad y la ética en los planteles educativos y en las universidades son parte del problema, por ello el cambio debe darse dentro de la planificación de la educación y las sanciones sociales a las personas. A Colombia hay que practicarle una compleja cirugía, porque el cáncer que sufre nuestro país está haciendo metástasis afectando a todos los estamentos de la sociedad.
