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Federico Gutiérrez Zuluaga
Columnista

Federico Gutiérrez Zuluaga

Publicado el 27 de julio de 2020

Farc: ¿secuestros también fueron voluntarios?

Esta semana se “renovaron” mesas directivas del Congreso de la República y entre tantos nombramientos llamó la atención el de Griselda Lobo, alias “Sandra Ramírez”, como vicepresidenta segunda del Senado. Algunos han afirmado que este es un “triunfo de la paz y la reconciliación”. Yo diría más bien que es un triunfo de las Farc. ¿Cómo es posible hablar de reconciliación cuando no hay verdad, justicia, ni reparación, los tres pilares del Proceso de Paz?

Yo voté “sí” al Acuerdo porque decidí poner la esperanza por encima de las múltiples dudas y reservas que tenía; entre muchas otras, la ocupación de curules en el Congreso por parte de quienes hoy se burlan del país sin pagar por sus crímenes y sin reparar a sus víctimas. El “sí” y el “no”, que tanta polarización han causado, ya no son relevantes. Pero ante la desvergüenza de los excabecillas, los reparos que muchos tuvimos se hacen vigentes.

Hablo de que la señora Lobo niegue, sin sonrojarse siquiera, el reclutamiento forzado de menores por parte de las Farc. Esta mujer, pareja sentimental del antiguo jefe de esta organización criminal, Manuel Marulanda “Tirofijo”, estuvo en una posición bastante privilegiada en la jerarquía de la guerrilla. ¿No se enteró de los niños que violentamente fueron obligados a engrosar sus filas? Definitivamente, los peores enemigos del Proceso de Paz son las Farc. Así lo confirma alias Timochenko, quien salió en defensa de su colega y reafirmó la mentira. Es más, dijo que “un niño de 15 años en el campo ya es prácticamente un adulto y son muchas las experiencias por las que le ha tocado pasar”, excusando un delito deplorable.

Todo el país y la comunidad internacional saben que sí hubo reclutamiento, además forzado y además de niños. Es de conocimiento público que este delito de lesa humanidad era una práctica recurrente en la estructura criminal. Seguramente por eso mienten de forma consistente, como parte de una repugnante estrategia jurídica para no responder por sus actos. Entre otras cosas, han interpuesto 28 recursos ante la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que desde octubre de 2019 citó a 37 involucrados en el reclutamiento de menores (entre ellos “Timochenko”), dilatando esta citación quién sabe hasta cuándo. Lo único que les falta decir es que los secuestros también fueron voluntarios.

Cada declaración que dan estas personas es una oportunidad para cumplir. Para dejar de huirles a la verdad, a la reparación y a la justicia. Es que ni siquiera ante la JEP, una justicia hecha para ellos, han cumplido. La JEP debe actuar con prontitud: después del precedente que se sentó con “Santrich” y “Márquez”, su credibilidad está considerablemente debilitada. Está claro en el Acuerdo que si no hay verdad los exintegrantes de la guerrilla pagarán cárcel en una prisión ordinaria.

Cumplir es lo mínimo que le deben a un país que ha sido demasiado generoso con ellos. Hoy quienes hacen parte del Congreso, de la institucionalidad, tienen una deuda aun mayor. En el pasado, poco podíamos esperar de integrantes de una organización criminal. Pero hoy estas personas pertenecen al Estado y por eso los colombianos tenemos todo el derecho a exigirles.

Colombia entera quiere la paz. Y estoy absolutamente convencido de que a los excombatientes que cumplan, hay que cumplirles. Hay una gran diferencia entre cabecillas y excombatientes rasos, que muchas veces eran víctimas de esos criminales. El Estado debe protegerlos, cuidar sus vidas; la sociedad debe rodearlos entendiendo que ellos están haciendo su parte. No quiero que se acabe el Proceso. Sí quiero que, por un mínimo respeto a las víctimas, estos señores y señoras digan la verdad.

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