Muchos de los elementos que tienen que ver con la libertad han encontrado históricamente en Inglaterra a sus mejores defensores. Muchas voces han advertido en el Reino Unido, por ejemplo, contra los riesgos que amenazan a la libertad de prensa, la multitud de iniciativas que se dan, una y otra vez, en el mundo para “proteger la intimidad y la seguridad del Estado y sus instituciones”, cuando en realidad suelen afectar a informaciones que no tienen que ver con la intimidad de los ciudadanos, sino con el mal hacer de algunos políticos o parlamentarios, ni con la seguridad del Estado, sino con la protección de los intereses de determinadas personas poderosas.
Nadie como el británico John Wilson para explicar por qué es difícil que un periodista profesional caiga simpático a los poderes: “Cuestionan temas que mucha gente prefiere que se dejen en paz; amenazan valores que cohesionan la sociedad, cuando creen que tienen datos para ello; erosionan el respeto si disponen de hechos que revelan que ese respeto está mal emplazado, y agitan a las instituciones en las que la sociedad confía para su estabilidad si no cumplen esa función”. En el fondo, existe una única y doble obligación: el derecho a la verdad y el de los ciudadanos a conocerla, y la clara distinción de lo que es de interés público (que no equivale, desde luego, a todo aquello que le interesa al público).
La cuestión es que el próximo 4 de enero un tribunal de primera instancia de Londres va a decidir si los periodistas pueden publicar documentos clasificados y filtrados por una fuente conocida o desconocida sin riesgo de ser acusados de espionaje o piratería informática. La sentencia puede afectar a cuestiones esenciales: ¿Qué es el interés público? ¿Qué obligaciones deben respetar los medios de comunicación? ¿Se puede ir a la cárcel por publicar información veraz clasificada como secreta?
Todas estas preguntas estarán implícitamente incluidas en la decisión que adopte la jueza Vanessa Baraitser respecto a la demanda de extradición contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, presentada por el Gobierno de Estados Unidos. Washington acusa a Assange de 18 delitos, que pueden acarrear 175 años de prisión.
Lo que hizo Assange no tuvo nada de novedoso: aprovechar una filtración procedente de un funcionario y acceder a información clasificada. Algo que se ha venido haciendo en el periodismo de investigación desde siempre y que sigue siendo fundamental para el trabajo de los periodistas en el futuro.
La idea es decir que Julian Assange no es periodista, sino filtrador. Pero Assange no fue nunca funcionario estadounidense, sometido a obligada discreción, ni fue el primero que tuvo acceso a esa información. Actuó como un periodista, sometido a las normas profesionales, y buscó ayuda de los grandes medios para respetar las dos mayores reglas del oficio: verificación y valoración del interés público. Y ese es el tema esencial de este asunto: los documentos facilitados por Assange fueron publicados porque eran verdad y porque afectaban al interés público. Y no se puede ejercer el periodismo ni la libertad de prensa sin que esos dos principios estén firmemente protegidos en una democracia.
