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Desde que Salvatore Mancuso empezó a soñar con un viñedo en Italia, más de uno padece pesadillas. Mientras algunos rezan para que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) se acabe pronto, otros, como el exgobernador, exalcalde, exministro y exembajador Juan Gómez, claman para que, por “justicia e igualdad”, los paramilitares accedan a curules en el Congreso (leer: https://n9.cl/eatn): parecen olvidar aquel julio de 2004, cuando el cofundador de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá fue recibido en el Capitolio con un estruendoso aplauso. El exlíder paramilitar acaba de recordar en la CEV que al menos un 35 % del legislativo les perteneció: “Esa vinculación al tema político nos llevó a un entramado que derivó en lo conocido como la parapolítica”. (Las autodefensas, a diferencia de las Farc, hoy en proceso de reincorporación, no negociaron participación política. Justicia y Paz fue un sometimiento a cambio de beneficios que no incluían participación política. Con los exFarc que han respetado los Acuerdos, media en principio el concepto de delito político).
La CEV no necesita una extensión temporal, somos los colombianos —¡en especial las víctimas del conflicto!— quienes la requerimos para que el informe final pueda ser publicado, explicado, asimilado.
Tres organizaciones de víctimas —la Corporación Personas con Capacidades Diversas, la Asociación de Víctimas Unidas de Granada y la Red Colombiana de Lugares de Memoria— presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto que establece un período de tres años de funcionamiento para la CEV (culmina el 28 de noviembre). Paiis de la Universidad de los Andes y Dejusticia acompañan a los peticionarios en este proceso frente a la Corte Constitucional, para buscar la ampliación del período hasta junio 28 de 2022.
La CEV desarrolla su labor primordialmente en los territorios. Dados los confinamientos, trabajó bajo normalidad solo durante 16 meses (44 % de su período). La pandemia la ha afectado, además, con el fallecimiento de la comisionada Ángela Salazar y la experiencia del comisionado Saúl Franco, consignada en su libro Mi vivencia con covid-19.
La solicitud de ampliación ha sido apoyada por la Jurisdicción Especial para la Paz, la Defensoría del Pueblo, la Comisión Colombiana de Juristas, el Instituto para las Transiciones Integrales y universidades como la Libre, Sergio Arboleda, los Andes y Externado.
Pero el Gobierno que “apoya la paz” se opone. Argumenta que otros funcionarios también podrían pedir extensión de su mandato a expensas de los obstáculos de la pandemia. Falso: la CEV es un mecanismo transicional, una institución con fecha de caducidad; al contrario, los cargos por elección popular cambian de titular y permanecen como institución; las políticas y acciones pueden ser prolongadas, trasformadas o eliminadas, pero la institucionalidad continúa, lo cual no sucede con la CEV. Asimismo, la CEV responde a una necesidad histórica de compilación, contraste y relato de múltiples versiones de la verdad: es el producto de un proceso excepcional y, tal vez, único en nuestra sociedad (Acuerdos de La Habana); mientras que la elección popular es un mecanismo regular, de repetición periódica.
De nuevo, Iván Duque obedece: es evidente, tanto en su rechazo a la extensión de la CEV como en la reducción de presupuesto para 2022 a la Agencia Nacional de Tierras y la de Desarrollo Rural.
La memoria del conflicto es el gran botín. Aquellos que continúan embriagados de poder presienten desde ahora un guayabo negro
