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Armando Estrada Villa cuestionó hace poco la construcción del autódromo que llevaría el engañoso y arribista nombre de Central Park (EL COLOMBIANO, “El autódromo de Bello y el medio ambiente”, 19.12.19). Estrada Villa fue uno de los últimos políticos republicanos de Antioquia, con una larga trayectoria en cuerpos colegiados y rama ejecutiva, y ahora es un distinguido profesor e intelectual; bellanita, a propósito del tema.
Sus argumentos contra la construcción de la pista son contundentes. Giran alrededor de la emergencia global por el cambio climático, pero también por condiciones regionales como el lastre que supone este rubro para la competitividad departamental y las malas condiciones de aire y ruido en el valle de Aburrá. Por si fuera poco, señala la destrucción del humedal del Tulio Ospina —algo que nuestros ambientalistas no han hecho notar. Y, también, el despropósito de invertir recursos públicos en una obra de este tipo, en un departamento con las carencias sociales que tiene Antioquia. En este último punto me detendré.
Antioquia, como departamento, tiene unas condiciones de pobreza, exclusión y desigualdad iguales o peores que las del país. Vivir a orillas del Aburrá engaña. Esta administración departamental se ha desentendido de sus obligaciones mínimas en materia, por ejemplo, de vías secundarias o nutrición infantil (después de lograr cero muertes por desnutrición, volvimos a tener varios casos por año en este cuatrienio); y ha puesto todo su empeño en darle a los que más tienen —el oriente cercano— e ignorar a los más necesitados. La gobernación le ha endosado responsabilidades al Estado central, cuando podía haber contribuido a atender casos críticos. Esta falta de cooperación no contribuye al bien común y agrava el desprestigio de los políticos y del gobierno.
Veamos el caso elemental de la seguridad. Hace tres meses este diario denunció que la gobernación quería aplicar recursos del Fondo de Seguridad Territorial al autódromo (EL COLOMBIANO, “¿Plata de la seguridad iría para el Central Park?”, 23.09.19). Y esto, en momentos en los cuales regiones como el Nordeste, el Norte y, sobre todo, el Bajo Cauca viven situaciones calamitosas en materia de orden público.
Vergonzoso resulta que, ante la necesidad de iniciar los planes de desarrollo territorial en las zonas más afectadas por el conflicto, hayan tenido que ser empresarios y fundaciones los que realizaran las primeras inversiones. En Santa Lucía (Ituango), la fundación alemana Hoffnungs Träger y Coop-Emprender compraron tierra para impulsar proyectos productivos (El Tiempo, “Exguerrilleros en Ituango tienen nuevo predio para producción agrícola”, 14.12.19). En Llanogrande (Dabeiba), fueron las fundaciones Proantioquia y Fraternidad Medellín, con fondos de empresas antioqueñas, quienes emprendieron la iniciativa (El Espectador, “La tierra que empresarios antioqueños entregarán a excombatientes de Farc”, 17.12.19).
La sociedad haciendo lo que corresponde al Estado, mientras el gobernador quiere proporcionar un gusto privado a costa del erario. Atento gobernador entrante.
