Que si fue la naturaleza que pasó factura por la alteración del medio ambiente o el resultado de una suma de errores que empezó cuando el consorcio chileno TIFS incumplió al no instalar las compuertas de descarga de fondo de los túneles de desviación del Cauca, diseñadas precisamente para el control del llenado del embalse; fue como haber echado a rodar cuesta abajo, una locomotora sin frenos.
O fue el precipitado sellamiento de esos dos túneles mientras el agua corría por el túnel sustituto, el denominado GAD; otro desvío que nunca figuró en el proyecto y además sin la capacidad suficiente ni el reforzamiento estructural que los cánones de la buena ingeniería recomiendan no considerar la fragilidad del macizo rocoso.
Y ante esa difícil situación y con el agua “al cuello”, sin presa ni vertedero y menos la posibilidad de demoler los túneles ya sellados para controlar una posible catástrofe aguas abajo del Cauca y de paso salvar la presa; no hubo otra opción que desviar el río por casa de máquinas y el proyecto que, en siete meses entraría en operación con dos turbinas de 300 MW, sufrió un retroceso de consecuencias impredecibles para Epm, Antioquia y el país.
A todas estas y ante el reclamo interpuesto por Epm a la empresa aseguradora, surtido el debido proceso y tras un detenido y riguroso análisis de expertos; esta admitió que no hubo culpa grave ni dolo, se llegó a un acuerdo y el primer desembolso se realizó en diciembre de 2019.
Pero vinieron los debates para la elección de alcalde y la campaña en todo su furor y los discursos populistas para que el entonces candidato Quintero le sacara partido a esa grave situación, al punto de calificar Epm en el recinto del Concejo como la empresa más corrupta de Antioquia: “hasta dónde puede llegar Epm mientras la corrupción está en sus venas”, discurso que generó aplausos mediáticos y votos en las urnas.
Y una vez logrado el triunfo y la promesa de un gerente de un perfil técnico, cambió el libreto y el marco del Gobierno Corporativo que había mantenido Epm durante años lo desvió y tomó el camino equivocado: demandar a los constructores, diseñadores, interventores y aseguradoras como responsables de los daños ocurridos por la suma de $9.9 billones; un salto al vacío sin duda, que tendrá consecuencias inciertas para Hidroituango y el patrimonio de Epm por no haber calculado en la matriz de riesgo, el costo de la incertidumbre.
Responsabilizar a los subcontratistas e invitarlos a una conciliación prejudicial, sería renunciar al seguro que, contra todo riesgo en construcción, por exigencia del contrato Boomt tomó Epm en favor de la sociedad dueña del proyecto Hidroituango S.A. E.S.P., sería como admitir que hubo culpa grave, riesgo que no es asegurable o imputarse a sí mismo la responsabilidad, sin pruebas suficientes y además relevar a las compañías aseguradoras de continuar pagando lo ya acordado.