Alberto Velásquez Martínez
Columnista

Alberto Velásquez Martínez

Publicado el 24 de abril de 2019

INSEGURIDAD QUE AGOBIA

Seguramente en algunas zonas rurales del país disminuyó el crimen con la desmovilización de un buen número de guerrilleros de las Farc, que cometían toda clase de delitos y cuyas cabezas ocupan hoy escaños en el Congreso de la República.

Pero en las ciudades colombianas las cifras de inseguridad siguen siendo preocupantes. Lo dice el fiscal General, Néstor Humberto Martínez: “Los delitos que afectan la seguridad ciudadana vienen creciendo de manera importante en el país”. No hay delito que no se cometa, estimulado por una justicia inoperante, que es deshonrada en todas las encuestas de opinión pública.

Denuncia el Fiscal la lenidad de nuestro sistema judicial, cada día más alcahueta y liviano. Según Martínez Neira, “todos los gobernadores y alcaldes están pidiendo de manera urgente que se les ponga freno a los delincuentes reincidentes, así como que se endurezcan las penas para delitos como la extorsión y la estafa”. Y agrega: “El 95 % de los facinerosos arrestados en flagrancia quedan rápidamente en libertad”. Récord mundial para aparecer en el libro Guinness.

Las vacunas y “boleteos” acosan y sacuden a todos los medianos y pequeños negocios de barrios y veredas. Pocos se atreven a denunciar, porque no confían en las autoridades ni en las disposiciones legales, e impotentes ven cómo a los pocos días de las detenciones, los delincuentes se mueven libres y amenazantes por entre las barbas de sus acusadores. El reino del temor y de la impunidad cubre las fechorías.

Para hacerles frente a tales desafíos, tenemos una sociedad acorralada, “con fenómenos delictivos muy complejos”. Con el agravante de que ante esa ola de crecimiento desproporcionado del crimen, del robo, de los atracos, el Estado es cada día más impotente. Con una sociedad que desconfía cada vez más en la eficacia de sus instituciones, desprestigio comprobado en todas las encuestas de opinión pública nacionales e internacionales. Vencer ese escepticismo quizá no sea tarea fácil a corto plazo, pero es urgente ir madurando políticas para lograr formar en un futuro no lejano, una cruzada nacional de reivindicación de la ética, de la operatividad y credibilidad en la ley.

La corrupción, coraza de la delincuencia, desvencija a las instituciones colombianas. Se nutre y se incentiva con el combustible del narcotráfico que crece en forma exponencial. Se incrementan las “vendettas mafiosas que terminan en balaceras a plena luz del día”. Producción, distribución, exportación y consumo de la droga superan la capacidad de acción de los gobiernos para controlarla, hecho que ha generado un regaño del bipolar presidente Trump para colgarle a Colombia cerca de la nuca la espada de la descertificación.

El país reclama una reforma seria a la justicia. Una República sin justicia operante no es Nación. Sin justicia plena, no hay Estado real de derecho. Lo que rige es un simple cuerpo institucional desnutrido, sin dientes y liviano. Hoy, lo que existe, en nuestra arquitectura nacional es una desafiante “anarquía constitucional” en donde impera la ley del más fuerte, arropada por la frazada de la impunidad que cubre en las calles a la reincidente delincuencia.

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