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Francisco Cortés Rodas
Columnista

Francisco Cortés Rodas

Publicado el 12 de febrero de 2019

Inter arma silent leges

Ha sido claro que el poder terrateniente y oligárquico encabezado por Álvaro Uribe, José Félix Lafaurie, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal no aceptó el modelo de organización política y social que se podía desarrollar a partir del Acuerdo Final (AF) con las Farc. Políticamente no han sido ingenuos y tras ganar el plebiscito, ganaron también las elecciones y han regresado al mando del Estado a imponer su visión política de los asuntos comunes. La aseveración de Londoño: “volver trizas ese maldito papel que llaman acuerdo final con las Farc”, no fue un chiste de salón.

Tomado esto en su conjunto se trata de que una parte de la sociedad, liderada por el CD, pretende ir contra alternativas políticas más incluyentes, igualitarias y democráticas, que están plasmadas en el AF. El proyecto de paz propone construir un orden político en el cual las leyes positivas permitan superar el estado de naturaleza que es un estado de guerra porque carece de derecho.

¿Qué validez jurídica tenía la propiedad cuando las guerrillas, los paramilitares, los narcos, imponían sus puntos de vista, asesinando, secuestrando o desalojando a los campesinos y propietarios de sus tierras? ¿Qué libertad teníamos los colombianos cuando no podíamos usar las carreteras para desplazarnos, ni ir a los bosques ni a los páramos para investigar nuestra flora y fauna? La propiedad no era segura y la libertad de movimiento estuvo seriamente limitada.

El dominio soberano en todo el territorio no lo ejercía el Estado de forma absoluta. Su soberanía era disputada por los poderes de los grandes ejércitos no estatales: los narcotraficantes, las Farc, el Eln y los paramilitares. En estas circunstancias el Estado no podía asegurar las condiciones para que en el territorio colombiano se garantizara a todos sus habitantes vida, libertad y propiedad. Y esta es la realidad que el debilitado proyecto de paz ha buscado superar a fin de establecer un sistema legal válido y eficaz para ponerle fin a la guerra de todos contra todos.

Pero Uribe y sus adláteres del CD se proponen sistemáticamente romper el débil acuerdo jurídico, para impedir que emerja un derecho que nos proteja y asegure a todos, y mantener así la forma de organización política que ha hecho posible que los más poderosos dominen, abusen y exploten.

En esta difícil coyuntura de polarización, desconfianza y odio, el poder terrateniente propone volver a las armas. Esta situación está bien representada en dos pasajes de Cicerón: Inter arma silent leges, -las armas acallan a las leyes- y Cedant arma togae, -las leyes hacen inútiles a las armas. Uribe, negando el sentido de este pasaje, apoya el rearme de los grandes ganaderos del Cesar. ¿Para qué?

Precisamente para detener la Reforma Rural Integral, neutralizar la restitución de tierras y frenar los liderazgos sociales que defienden el territorio de las comunidades. Con esto se podrá destruir la posibilidad de consolidación de un Estado organizado mediante el derecho que supere la situación de guerra entre los poderes de los grandes ejércitos no estatales.

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