En un Estado democrático las protestas sociales son necesarias y siempre bienvenidas, a condición de que sean pacíficas y respetuosas; ello, máxime si se piensa en casos en los cuales se reclama contra afrentas graves realizadas por servidores públicos que pisotean los derechos humanos. Por ello, es imperioso garantizarles a todos los ciudadanos el libre ejercicio de ese derecho y no criminalizarlo, para poder llevar a la realidad lo que dispone la Constitución: “Toda parte del pueblo, puede reunirse...
