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En estas mismas líneas hemos expresado que los procesos de planeación, incluidas las normas y la divulgación de las decisiones, son esenciales para garantizar el éxito de las gestiones tanto públicas como privadas. En las administraciones de Medellín y del Área Metropolitana ha sido una constante la ausencia de estas premisas en lo que tiene que ver con los planes de control y ordenamiento de la movilidad de toda el área.
En Medellín existen equipos de fotodetección para el control de la velocidad, el incumplimiento del pico y placa y ahora al mal estacionamiento de los vehículos; la comunidad no ha recibido en buena forma la medida, porque no se han establecido previas campañas pedagógicas y un plan de señalización de las zonas prohibidas, con el fin de que los usuarios conozcan las normas y sus limitaciones, a pesar de que es necesaria para generar disciplina a los conductores. Pareciera ser que estos equipos están más destinados a engrosar las arcas del municipio y de los socios privados, que en establecer el orden en la movilidad, con mayor razón cuando se conoce que se han aplicado comparendos en fotomultas por $55 mil millones y el vehículo de control al parqueo en dos meses de operación ha impartido sanciones por cerca de $ 517 millones de pesos.
En cuanto a las fotomultas, no guardan relación con las características de las vías controladas, como la ubicada en la vía a Las Palmas, frente a Chuscalito, porque regula la velocidad a 60 km, cuando debería ser de 80; igual sucede en la vía distribuidora de la Regional frente a la estación del metro en Sabaneta, en donde se sanciona a quienes superen los 30 km por hora.
Ahora, con el impulso al uso de la bicicleta en Medellín, se están repitiendo los errores frente a la opinión pública, porque como en el caso de las motos, el principal problema es la falta de educación, de control a la conducción y el otorgamiento de licencias; esta misma situación está sucediendo con algunos ciclistas a quienes les falta el conocimiento de las normas viales y no se ve clara la forma de sancionar a los infractores, porque se debería tener un registro de los usuarios; ante estas situaciones, cabe la pregunta: ¿Cuando un ciclista por una mala conducción atropelle a un peatón o a otro vehículo, existirá un seguro para cubrir los gastos?, esta situación debe ser aclarada para evitar conflictos frente a la nueva política del uso de la bicicleta.
Existen proyectos de construcción de ciclorrutas sin la previa información a los vecinos, como lo sucedido en la carrera Palacé, porque solo después de adjudicado el contrato se han realizado algunas reuniones informativas; la obra se encuentra suspendida por las tutelas y una acción popular presentadas por los empresarios del sector, basados en los conflictos que se generarán por la circulación de ciclistas frente a los locales con el cruce de peatones y vehículos, esta situación ha enfrentado a la comunidad de vecinos frente a esta decisión de las autoridades.
Es sano ejercer control al parqueo de vehículos, pero antes se deben definir las alternativas mediante la adecuación y construcción de sitios aptos para estacionarlos, de lo contrario el problema se trasladará hacia otros sitios y se incrementarán los conflictos con la comunidad, teniendo en cuenta que el nuevo POT ha restringido el número de celdas en las edificaciones nuevas y la venta de autos y motos seguirá creciendo de acuerdo a la tendencia del mercado.
El compromiso de la comunidad es fundamental para garantizar el éxito de la gestión pública, pero las autoridades deben ser proactivas para tenerla en cuenta previa a la toma de decisiones.
