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Quizás por su carácter cotidiano, despreciamos el poder social y político de la conversación.
En 2018, la posibilidad de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Argentina fue rechazada en el Congreso. La semana pasada, con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, triunfó el sí.
Además del cambio de poder, de Mauricio Macri a Alberto Fernández (el apoyo presidencial es un viento a favor), ¿cuál fue el factor definitivo que hizo posible que un proyecto que en 2018 ganó por seis votos en la Cámara de Diputados y perdió por siete en Senado pasara a convertirse en ley en 2021 con catorce avales en Diputados y nueve en el Senado?
La “Revolución de las pibas” con sus pañoletas verdes logró lo impensable: transformar una protesta colectiva y disciplinada en una conversación nacional. Más de un millón de mujeres salió a las calles para exigir la aprobación de una ley que probablemente no afectará la vida de cada una de ellas, pero sí la de las más vulnerables de Argentina.
En noviembre de 2020, un estudio de la encuestadora Ipsos mostró que, entre 2014 y 2020, los argentinos que apoyan la IVE pasó de 64 % a 75 %.
Ni la presión de la Iglesia católica ni la del mismo papa Francisco cambió el curso de la conversación. Para citar solo un ejemplo, en 2018, la diputada Flavia Morales, del Frente de la Concordia Misionero, votó contra la IVE y en esta oportunidad cambió de opinión: “No se trata de lo que yo piense, sino de lo que está pasando allá afuera, y estas prácticas clandestinas están ocurriendo aún en pandemia”.
Morales me recordó una respuesta que Clara López me dio cuando era candidata presidencial: “Yo nunca sería capaz de abortar, pero tampoco dudaría en apoyar la despenalización”.
En la actualidad, en Latinoamérica la IVE está despenalizada en todos los casos en Uruguay, Cuba, Guyana, Guayana Francesa, Puerto Rico y varios Estados de México.
El 14 de febrero de 1997, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá sentenció la primera condena por el delito de aborto en Colombia: “(La procesada) confesó que se sometió a esa práctica por 65 mil pesos”, reportó El Tiempo. El Informe sobre judicialización del aborto en Colombia de la Fiscalía General de la Nación indica que un 97 % de las denunciadas por aborto pertenecen a zonas rurales. Un 30 % fue víctima de violencia intrafamiliar, sexual o lesiones personales.
La clandestinidad del aborto perjudica a las mujeres más pobres. La despenalización es un asunto de justicia, de salud pública antes que de moral.
El Congreso colombiano siempre (sí, siempre) ha sido inferior a los retos que suponen presiones de orden moral: por su laxitud y falta de compromiso, el poder decisorio, la protección de los derechos ciudadanos de las minorías y los más vulnerables, termina sobre el escritorio de la Corte Constitucional.
En el Alto Tribunal cursan tres demandas para despenalizar la IVE. Coincide con la primera vez en la historia que esa institución cuenta con cuatro mujeres: Gloria Ortiz, Diana Fajardo, Cristina Pardo y Paola Meneses.
Este es el año de las magistradas, la conversación (¡la revolución!) está en sus manos: no es cuestión de ideologías políticas ni de credos sino de realidades. Y de solidaridad humana
