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Por MARK JOSEPH STERN
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La Corte Suprema está programada para decidir sobre la adición por parte de la administración de Trump de una pregunta de ciudadanía al censo de 2020. Pero si los cinco jueces conservadores apoyan la pregunta sobre la ciudadanía, como parece ser el resultado probable después de los argumentos orales, un tribunal federal de apelaciones dictaminó que un juez podría bloquear la pregunta con base en nuevas pruebas que demuestran la ilegalidad de la pregunta.
Este desarrollo de última hora se centra en información que fue hallada en los archivos de Thomas Hofeller, el gurú de la manipulación de elecciones del partido conservador. Cuando murió el año pasado, Hofeller dejó un tesoro de materiales que su hija, con quien no hablaba, entregó a los defensores de derechos de voto. Entre otras cosas, estos archivos sugirieron que los funcionarios del Departamento de Justicia trabajaron con Hofeller para idear una justificación pretextual para la pregunta de ciudadanía del censo, afirmando que ayudaría a hacer cumplir la Ley de Derechos de Votación. Este pretexto tenía la intención de ocultar la verdadera razón de la pregunta: podría, según Hofeller, reducir sustancialmente el poder de voto de los demócratas e hispanos al tiempo que aumentaría el de los “republicanos y blancos no hispanos”.
Los nuevos materiales también ofrecen un vínculo directo entre Hofeller -quien, según muestra la evidencia, se ingenió la falsa justificación- y el Buró de Censos. Parecen demostrar más allá que el secretario de Comercio Wilbur Ross mintió cuando ofreció su lógica para la inserción de una pregunta sobre la ciudadanía al censo de 2020. Los demandantes argumentaron que esta evidencia vincula el trabajo de Hofeller, que establece el impacto racista de una pregunta sobre la ciudadanía, directamente con la administración Trump. Al hacerlo, afirman, demuestra que la pregunta está motivada por un ánimo ilegal.
Respondiendo a estas bombas, el juez de distrito George Hazel reabrió el caso. Hazel había determinado que la adición de la pregunta violaba la Ley de Procedimiento Administrativo y la cláusula de enumeración de la Constitución, pero no encontró pruebas de intención discriminatoria en violación de igual protección. Escribió el lunes que la nueva evidencia “conecta potencialmente los puntos entre un propósito discriminatorio -diluir el poder político de los hispanos- y la decisión del Secretario Ross”. Es, escribió, “cada vez más difícil evitar ver lo que cada vez es más claro. A medida que se colocan más piezas del rompecabezas sobre la mesa, toma forma una imagen de los motivos de los tomadores de decisiones”. Y el martes, el Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el 4.º Circuito dictaminó que Hazel puede examinar las nuevas pruebas y decidir si demuestran que la pregunta es ilegalmente discriminatoria.
La Corte Suprema está analizando la legalidad de la pregunta y casi con certeza tomará una decisión más tarde. Pero la Corte sólo está programada para resolver dos disputas: si la pregunta sobre la ciudadanía fue añadida de manera “arbitraria y caprichosa” bajo el Acta de Procedimiento Administrativo, y si deformará de forma no permisible los resultados en violación de la cláusula de enumeración de la Constitución. No está programada para decidir si la pregunta infringe sobre la igualdad de protección o constituye una conspiración ilegal para suprimir los derechos civiles.
