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Publicado el 21 de febrero de 2019

LA COSTOSA INTERVENCIÓN DE ELECTRICARIBE

Por JORGE BARRIENTOS MARÍN*

En la penúltima columna hablé de las causas por las cuales Electricaribe es además de un fracaso empresarial, un fracaso social.

Uno de los factores del mal funcionamiento de la compañía se debe a la ausencia de inversiones clave en la infraestructura de red. Una posible causa de esta negligencia se debe a que, a diferencia de Unión Fenosa, Gas Natural no tenía entre el núcleo de su negocio la distribución de energía ni el interés de tener una filial distribuidora en Colombia que daba solo pérdidas. Para Gas Natural Fenosa –hoy Naturgy– no parecía un problema dejar deteriorar la infraestructura de Electricaribe hasta el punto de la intervención y la posible liquidación. Quizá no solo no era un problema: era conveniente.

El deterioro de las redes de distribución, la negativa de GNF de construir las subestaciones necesarias, implicaba el deterioro paulatino del servicio, lo que a su vez desencadenó una enorme presión social y política por el mal servicio, todo en conjunto indicaba que en algún momento Electricaribe sería intervenida y posiblemente liquidada. Esto solo beneficiaba a los dueños de la empresa, pues la intervención significaba tres cosas: parar el desangre mensual que tenía la casa matriz española con la operación de Electricaribe por las pérdidas no reconocidas y el bajo recaudo, facilitarle no tener que hacer las inversiones necesarias, y una millonaria demanda (1.626 millones de dólares) ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil.

En este escenario es claro que a GNF lo que menos le interesa es recuperar su filial. La demanda tiene sólidas bases, pues la intervención consistió en asumir el control operativo de una empresa extranjera, regida por el derecho privado, con operaciones apegadas a la Ley y la regulación colombiana y bajo un acuerdo vigente con España sobre protección de inversiones. Evidentemente, la intervención fue un favor a GNF por dos razones: primero, antes de la intervención todas las pérdidas eran asumidas por sus dueños. Una vez intervenida la empresa, las millonarias pérdidas son desde entonces asumidas por el Gobierno nacional (o sea por los contribuyentes). Con el fenómeno de El Niño que se avecina las pérdidas podrán ser mayores, pues Electricaribe no puede contratar la cobertura de precio, por lo que queda demasiado expuesta a las fluctuaciones de la bolsa, asumiendo en consecuencia un monto mayor por pérdidas no reconocidas, comprometiendo sus niveles de recaudo y de ingresos.

Segundo, la intervención significa que el Gobierno (los contribuyentes) debe asumir los 1.2 billones de pesos de pasivo pensional de los jubilados de la empresa. Es un despropósito asumir con recursos de la nación los pasivos de un privado. Si se suman los 1.626 millones de dólares (4 billones 878 mil millones) entonces los contribuyentes terminarán pagando poco más de 6 billones de pesos (más de lo que recibió por la venta de Isagén), eso sin mencionar las millonarias pérdidas operativas aludidas anteriormente.

Electricaribe representa un riesgo sistémico para el sector eléctrico y no cabe duda de que fue una intervención muy costosa.

* Director, Departamento de Economía, U. de Antioquia.

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