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Quienes creyeron que tan solo bastaría firmar un Acuerdo entre Santos y las Farc para terminar el conflicto y empezar a disfrutar una paz estable y duradera, un nuevo país con un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, no pasaron de una vana ilusión, un engaño, porque tras cuatro años de firmado, ni paz ni seguridad ni crecimiento económico llegaron; pero sí aseguró para esa organización criminal un tribunal especial de impunidad, la JEP, para delitos atroces; privilegios que ningún país civilizado del mundo les hubiese concedido.
Y mientras la tropa regresó al monte, los cabecillas pasaron del Caguán al Congreso de la República a ocupar espacios y presidirlo, además; ese lugar de privilegios y supuestamente reservado para que los mejores hijos le sirvan a la patria; es como si Colombia fuese otra Banana Republic.
Pues todo estuvo fríamente calculado desde Palacio; hasta la redacción intencional en la que se preguntó en el tarjetón al elector, el pueblo: “¿Apoya usted el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera?”.
Y sin haber sido aprobado, el presidente Santos invitó a Cartagena a 17 jefes de Estado, 27 cancilleres, el secretario general de la ONU para firmar ese Acuerdo por el alias “Timochenco”.
Y en ese acto calificado de apoteósico, agite de pañuelos, aviones de caza en el cielo y el Himno a la Alegría de fondo, el público se mostró eufórico; confiaban esperanzados en que la paz sería real y felicitaban a Timochenco por su intervención y hasta autógrafos le pedían.
Hubo plata a reventar para compra de pautas en todos los medios, dineros públicos publicitando el sí, mientras la campaña por el No apeló a la sensatez e influencia de las redes sociales que advirtieron de las graves consecuencias y amenazas sobre todas las instituciones y nuestro Estado de derecho gravitaba de quedar incorporadas en la Constitución Política de Colombia esas 297 páginas del Acuerdo.
Y el país en un acto de responsabilidad y patriotismo reaccionó y dijo No a ese Acuerdo para la impunidad, No a esa clase política arrodillada, No a ese Congreso vendido, cuyas mayorías entregaron funciones y responsabilidades al presidente aprobándole todo lo que pidió; incluyendo una Ley habilitante, similar a la otorgada al presidente Maduro en la empobrecida Venezuela.
Pero poco o nada va quedando de ese acuerdo ilegal que otorgó a las Farc diez curules en el Congreso y un Tribunal que, tras dos años de funcionamiento a un costo billonario, ha consolidado el narcotráfico como el negocio más lucrativo del mundo y un Premio Nobel de Paz del que hasta Noruega estará arrepentida de haber otorgado.
