El solo anuncio impreciso, la sola conjetura, la sola amenaza de que en el proyecto de reforma tributaria el gobierno gravará las pensiones de jubilación, comporta un abuso intimidatorio e inicuo, en contra de un sector de la sociedad que suele ser tratado con antipatía cuando se le cataloga como parasitario y casi culpable de enriquecimiento ilícito.
Cualquier gobierno que pretenda tomar medidas eficaces para asegurar una tributación eficaz con base en los aportes pensionales, desvirtúa el componente social que puedan contener sus planes y estrategias. Exhibe una falta de sensibilidad imprudente, sobre todo en momentos de crispación en los que se protesta hasta por los motivos más insustanciales, así el llamado gremio de los jubilados no tenga defensores ni en el Estado ni en las organizaciones que buscan reivindicaciones.
A un pensionado le recortan su mesada por medio de un alto porcentaje para salud, que nadie ha sido capaz de moderar. Le reconocen un reajuste irrisorio, muy inferior al del salario mínimo, desde cuando alguien maniobró para aplicarle el recurso empobrecedor y discriminatorio del Índice de Precios al Consumidor. Además, tiene que pagar todos los impuestos adicionales como cualquier ciudadano. Y para acabar de castigarlo, ahora vuelve a hablarse de una carga impositiva insoportable para las pensiones dizque altas, de más de tres salarios mínimos.
No se conocen informes ni datos oficiales que precisen el porqué de la paliza con que se amenaza a los pensionados. Es un anuncio tan absurdo como reñido con principios elementales de equidad y proporcionalidad en el régimen tributario. Equidad, por cuanto es inadmisible que no haya igualdad ante la ley sino discriminación. Proporcionalidad, puesto que los contribuyentes debemos todos tributar de acuerdo con la capacidad económica.
Es posible, aunque nunca ha sido raro que abunden las contradicciones, las acciones que muestran un Estado megalómano y glotón que nunca se sacia de exprimir las cuentas de ingresos y salarios a los ciudadanos, a pesar de las buenas intenciones, las promesas y las apariencias de sensibilidad social que manifiesten de modo sucesivo todos los gobiernos.
¿Se confabularán esta vez los tres poderes para legitimar una disposición que desde ahora se descalifica por alcabalera, desmesurada y arbitraria? ¿Tendrá el gobierno la agudeza y la cautela suficientes para evitar un error garrafal que volvería opositores a los ciudadanos que hasta ahora le tienen confianza, creen en su seriedad y su competencia y siguen considerando que al mando hay un Presidente de lujo, a pesar de las discutibles encuestas y de las embestidas de una oposición que sólo muestra como realización el encarnizamiento visceral?
Sería el colmo si la insensatez, la falta de sindéresis y la imprudencia se apoderaran de la mentalidad de los elegidos para tomar decisiones cruciales