viernes
7 y 9
7 y 9
El bárbaro asesinato del desmovilizado Dimar Torres Arévalo –quien creyó en la reconciliación que se le ofrecía y abandonó su vida delictiva en las llamadas Farc, para tratar de construir una nueva al lado de los suyos–, cometido el pasado 22 de abril en Convención, zona del Catatumbo (Norte de Santander), es un atentado aleve que pisotea el derecho internacional humanitario y nos llena de vergüenza ante el mundo civilizado. Tanto que el general Luis Villegas Muñoz, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, reconoció que “lo mataron hombres de las Fuerzas Armadas” y optó por “poner la cara”; incluso el despistado ministro de Defensa –quien en un principio pretendió hacerle creer al país que la muerte del citado era fruto de una “lucha cuerpo a cuerpo” entre aquel y un desprevenido miembro de la tropa, por la supuesta posesión de un fusil–, a regañadientes reconoció que se trataba de un “homicidio” y no una pretensa acción legítima, no empece lo cual desautorizó con ignominia al alto militar.
Pero el asunto va más allá de estos reconocimientos: ese ciudadano fue interceptado cuando regresaba con unas herramientras de trabajo, compradas para sus labores del agro; él fue torturado, mutilado y la población sorprendió a algunos miembros de la tropa cuando cavaban una fosa para enterrarlo. Y estos hechos, quede claro, se acreditaron porque los agremiados en la Asociación Campesina del Catatumbo, buscaron al desaparecido y lo encontraron muerto en poder de las tropas, cuando pretendían hacerlo desaparecer. También, por fortuna, la intervención decidida de la Comisión de Paz del Senado, representantes de la ONU y la Defensoría del Pueblo, acompañados de centenares de integrantes de la comunidad, impidió que se borraran las huellas del crimen y se potenciara la impunidad.
Por ahora las responsabilidades se hacen recaer sobre un cabo, de nombre Daniel Eduardo Gómez, adscrito a dicho batallón que protege el oleoducto y quien ha sido imputado y detenido preventivamente; sin embargo, todo indica que él no actuó solo y contó con la colaboración de algunos hombres vinculados al pelotón que, como mínimo, pretendieron ayudar a ocultar el cadáver y negaron la presencia del desaparecido en el lugar de los hechos.
Así las cosas, en un verdadero Estado de Derecho las autoridades legítimas no pueden ejecutar crímenes como el de Dimar Torres Arévalo, ni tampoco los pueden encubrir –simulando “legítimas defensas”, ni pretendiendo desaparecer los restos de los asesinados– porque cuando descienden tan bajo afrentan a la civilidad, la dignidad humana y suscitan el inexorable repudio colectivo. Por supuesto, tampoco pueden tener ese rango quienes desorientan a la opinión pública, mienten y tergiversan de forma grosera los hechos, porque se pueden tornar cómplices de los criminales; por eso, servidores públicos que así actúan no tienen el apoyo ciudadano y deben renunciar para ser investigados y juzgados por fiscales y jueces.
Así, pues, es imposible jalonar la convivencia entre los colombianos; deben cesar las luchas fratricidas, los asesinatos aleves, las venganzas torticeras, las desapariciones forzadas, etc. Por eso, actos como el protagonizado por los miembros de la Fuerza de Tarea Vulcano ya mencionada –¡y este no es el único caso!– deben ser repudiados, investigados y ejemplarmente sancionados; es más: las autoridades están obligadas a contribuir a ello, no solo a pedir perdón como lo hizo el comandante de ese colectivo militar sino a prevenir futuros crímenes que enlutan y dañan la confianza.
Con toda razón, pues, expresó el periódico El Tiempo en editorial del pasado domingo: “Se trata de un crimen que mina el encomiable acuerdo de paz que ha enfrentado y confrontado a la sociedad”; y añade, con la necesaria ponderación que esos graves hechos demanda: “Hay que confiar en que este salvaje asesinato haya sido un caso aislado. Pero, más que nunca, aunque la impunidad no debe ser moneda corriente, en este caso se necesita claridad meridiana y que haya justicia pronta”.
