Dentro de los diálogos de La Habana, se habla de la reparación de las víctimas del conflicto y dentro de ese rubro, las FARC se han incluido como afectados no como victimarios, este hecho nos demuestra que están evadiendo su responsabilidad frente a los ataques alevosos perpetrados contra pueblos, la infraestructura petrolera y energética del país y contra la población civil; todos estos actos han representado altos costos en la reparación de esa infraestructura y para sostener el pie de fuerza necesario con el fin de enfrentar los ataques de esos grupos guerrilleros. Los insurgentes también han asumido el costo de su accionar para sostener los comandos de ataque, dineros que en su mayoría han sido producto de robos, secuestros, extorsiones, de la producción y comercialización de la coca y de la minería ilegal, actuaciones que han afectado en forma grave la economía del país.
Para el Estado colombiano sostener la guerra le ha significado la suma de $230 billones en los últimos diez años, lo que representa cerca de 1,5 veces el presupuesto nacional del año 2014; por esta razón es tan importante la búsqueda de la paz, pero con justicia y equidad, como lo han solicitado diferentes dirigentes de todos los sectores sociales y en especial el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez como director del órgano de control administrativo del Estado, porque de no ejercer una supervisión a los acuerdos, estaríamos corriendo el riesgo de que nos impongan un cambio social, político y administrativo, que ha sido fallido en otros Estados.
La defensa nacional representó para el presupuesto general de la nación del año 2014 el 17,7 %, ascendiendo a $ 27,74 billones, el más alto dentro de todas las instituciones del Estado, seguido por el de educación con 27,6 billones, representando el 17,6 %; el de salud con el 9,3%, sumando $ 18 billones; la vivienda 3,5 % con $ 3,5 billones y para la ciencia e innovación el 0,2 %, llegando tan solo a $ 342 mil millones. Para no ahondar en más cifras, estas nos demuestran que la paz, de lograrla, sería la oportunidad de generar más equidad en lo social y un futuro más promisorio, llegando quizás a un crecimiento de la economía cercano al 6 %, estimado por Planeación Nacional.
Sin embargo, se debe tener en cuenta, según datos revelados por el presidente Juan Manuel Santos, el costo del postconflicto está presupuestado en $ 70 billones, cuyos recursos deberán ser el resultado de una reducción del gasto en defensa, una mayor actividad empresarial mediante el crecimiento esperado de la economía y vía impuestos al consumo y a las utilidades, al parecer a las FARC no se les está exigiendo ninguna retribución por el daño causado. Según apreciaciones del gobierno, cada guerrillero representaría un costo $ 20 millones llegando a una cifra cercana de los 13,5 billones, estos valores son elocuentes si se considera que el grupo insurgente de las FARC cuenta con 6.700 efectivos y adicionalmente con 9.600 personas que prestan su labor como grupos de apoyo, según estimativos de las fuerzas militares.
El reto al que se enfrenta el país frente en los diálogos de La Habana es monumental, la preocupación es que la paz que se logre debe ser integral, porque de no sumarse los otros grupos insurgentes a este proceso, quedarán células en conflicto que tratarán de ocupar el espacio cedido por las FARC y buscarán mayores oportunidades para una negociación con ventajas superiores a las que hoy se están tratando en las mesas de diálogo; de no estar atentos al proceso, en aquella oportunidad podríamos lamentar los resultados y los colombianos nos quedaremos “sin el pan y sin el queso”, como se dice en el argot popular.