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Hace un año, la defensora del medio ambiente Juana María Perea Plata, de 50 años, fue asesinada en las playas del municipio de Nuquí, Chocó. Paramilitares del Clan del Golfo llegaron hasta su casa, en el corregimiento Termales, se la llevaron a la fuerza en una lancha por el océano Pacífico y la mataron a balazos junto al río Nuquí. Luego arrojaron su cuerpo al agua.
Juana había comprado con su esposo diez hectáreas de tierra en “el sitio más lindo y paradisíaco del mundo”, según su familia. La líder ambientalista era hija de una familia española que llegó a Nuquí hace varios años con el sueño de construir un hotel ecoturístico.
La Justicia condenó por el crimen a Néstor Leonel Lozano Muriel, alias El Tigre, miembro del Clan del Golfo, quien confesó ante la Fiscalía que fue él quien disparó contra Juana y arrojó su cuerpo al agua.
El caso de Juana es uno de los pocos asesinatos de defensores del medio ambiente que ha logrado esclarecer la Fiscalía en los últimos años. No ha ocurrido lo mismo con los demás 350 líderes sociales y ambientales asesinados en el país.
Según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (Indepaz), en 2020 fueron asesinados al menos 351 líderes sociales y ambientales en Colombia. La Defensoría del Pueblo dice que 182 de esos asesinatos corresponden a defensores del medio ambiente. Los crímenes han ocurrido en 103 municipios, la mitad de ellos en los departamentos de Cauca, Nariño y Chocó, en la región Pacífica, y en el departamento de Antioquia.
La mayoría de los ataques han sido contra líderes indígenas y afrodescendientes. También, contra pequeños agricultores y funcionarios de Parques Nacionales de la región de la Amazonia. Los crímenes ocurren en zonas donde florecen el narcotráfico, la minería ilegal, el acaparamiento de tierras y el tráfico de madera. Al menos 17 asesinatos se produjeron en regiones donde hay programas para promover la transición de cultivos de coca a cultivos legales, pactados en el acuerdo de paz. Estas lastimosas cifras han convertido a Colombia en el país más peligroso del mundo para los defensores de la Tierra, de acuerdo con el último informe de la Ong Global Witness, publicado en julio.
América Latina está a la cabeza de los crímenes contra los ecologistas en el mundo desde hace varios años. Después de Colombia, el país con un mayor número de líderes asesinados es Brasil, donde murieron 20. En Honduras murieron 17; en Guatemala, 13; en Nicaragua, 12 y en Perú, 6.
Hasta el momento, 2019 ha sido el año más sangriento para los ecologistas en Colombia. Entre enero y diciembre, fueron asesinados 64 líderes. Esta es la mayor cifra reportada oficialmente en el país y representa más del doble de las muertes ocurridas en 2018. La ONU ha calificado la situación de Colombia como un “goteo de muertes”, ya que se cometen crímenes de esta clase más de una vez cada semana.
La líder ambientalista Francia Márquez dijo al diario El País, de España, que una de las principales causas de estos crímenes es la “lamentable implementación” del proceso de paz por parte del gobierno colombiano. “En muchas de las áreas más remotas, paramilitares y criminales han aumentado su control a través de la violencia contra las comunidades rurales”, amparados por la falta de acción estatal. “Aquellos que buscan proteger su tierra y el medio ambiente están cada vez más atrapados”, dijo Márquez.
Ante el terror, pregunto: ¿Cuándo el Estado colombiano va a enfrentar y destruir estas maquinarias de muerte que ven a un enemigo que debe ser aniquilado en cualquier líder comunitario que busque defender la Tierra, la única casa que tenemos en el universo?
