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Santiago Silva Jaramillo
Columnista

Santiago Silva Jaramillo

Publicado el 26 de marzo de 2015

Monopolios y contrabandistas

Colombia es un país de contrabandistas. Lo dice James Robinson (2013) en un artículo para Current History, pero sobre todo, lo vemos en la tradición comercial de la costa caribe, en los sectores de “el hueco” y “San Andresito” en Medellín y Bogotá, y en las cifras de Fenalco, que calcula que el 37% de los productos que se consumen en Antioquia son de contrabando.

El contrabando es ante todo el incumplimiento de las normas aduaneras para aprovecharse de los altos precios locales de un producto y los bajos precios externos del mismo. Por supuesto, en Colombia los altos precios locales suelen explicarse en la configuración de monopolios que, sea por los altos aranceles pactados con el gobierno o por los carteles de precios arreglados con las demás empresas, aseguran las altas ganancias del sector.

De hecho, Colombia no es tanto un país de contrabandistas, como uno de monopolios. Y esto podría explicarse en la rentabilidad que garantiza un monopolio económico, pero sobre todo en que los colombianos, pero sobre todo los miembros de su élite, le tienen pavor a la competencia. Les da miedo el cambio, la inestabilidad, la destrucción creativa que implica medirse con otros, y perder y tener que innovar y esforzarse para recuperarse y eventualmente ganar.

El otro asunto es que el monopolio económico –y el apoyo del Estado para su construcción- es una fuente de incumplimiento de normas en la competencia económica. Muchas comunidades y empresas buscan oportunidades de inclusión económica, pero cuando encuentran un “Estado incumplidor” que les pone obstáculos a su legalización y conformación, respondiendo a intereses particulares de sectores económicos monopólicos, la alternativa es la informalidad, como bien señala Mauricio García Villegas en Normas de Papel (2009).

El monopolio, o la posibilidad de constituir uno, suelen ser una prerrogativa de la élite de un país.

Ahora bien, para “hacer parte de la élite” no se requiere un sombrero de copa y un apellido rimbombante. Uldarico Peña, por ejemplo, no es ni de lejos un miembro “tradicional” de la élite colombiana, pero el poder que ha ganado y su falta de escrúpulos parar usarlo en defensa de su propio monopolio del transporte público de Bogotá, lo convierten en un digno representante de la más rancia élite nacional.

Así, el mayor incentivo para la ilegalidad económica son los monopolios sectoriales. Si el Estado defiende a solo uno, los demás harán trampa para competir. Esto no supone, ni de lejos, una justificación para el incumplimiento de las normas, pero sí una explicación más sensata que la simple “disposición a la ilegalidad” que nos endilgan a los colombianos.

Porque más que un país de ciudadanos tramposos, de contrabandistas, somos uno de élites y Estado incumplidor, de monopolios.

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