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Marta Lucía Ramírez
Columnista

Marta Lucía Ramírez

Publicado el 16 de marzo de 2017

NUNCA MÁS EL FIN JUSTIFICA LOS MEDIOS

Con el pretexto de la paz, utilizaron todo para llegar al poder, dividieron a los partidos, polarizaron todo un país y corrompieron todo. Aquellos que defendieron la idea de sacar adelante una negociación a cualquier costo, sin importar consecuencias, hoy saben que se salieron con la suya pero a un costo desproporcionadamente alto para el país en materia de corrupción y crisis en la institucionalidad que generan grandes dudas sobre la sostenibilidad del proceso y los escenarios futuros para la democracia.

Para algunas personas hablar de la defensa de las instituciones es algo anticuado, retrógrado e inútil. Sin embargo, ignoran –quienes así lo piensan- que fue precisamente la creación de unas instituciones sólidas la que dio origen a nuestro país como una República soberana, cuando Santander decía “colombianos, las armas nos dieron la independencia y las leyes nos darán la libertad”. Tener unas instituciones sólidas es un muro de contención contra la dictadura, la anarquía y el caos, a la vez que la condición necesaria para hablar de progreso económico, social y mayor influencia de Colombia en el concierto internacional.

Las tendencias reflejadas en las diferentes encuestas mostraban desde antes de la reelección un deterioro creciente en la confianza ciudadana y una percepción bastante negativa de los partidos políticos, la justicia, el Congreso y el Gobierno. Sin embargo, el caso de corrupción de Odebrecht ha terminado de pisotear la credibilidad institucional. Peor aún, es ver que en la mayoría de las veces los escándalos no pasan de lo amarillista y cotidiano porque las investigaciones se quedan en las declaraciones de los funcionarios y en la impunidad. ¿Qué pasó con Reficar? ¿Qué pasó con SaludCoop? ¿Qué ha pasado en Ecopetrol? ¿Qué pasa en las contralorías departamentales ¿Y en las CAR? ¿Es acaso la impunidad nuestro “destino manifiesto”?

El escándalo de corrupción de Odebrecht no es aún la radiografía completa de la decadencia que estamos teniendo como sociedad. Las costumbres del soborno, del dinero fácil, del atajo y del todo vale, no son exclusivas de una clase política sino de la cosmovisión colombiana del común: el ciudadano que considera que colarse en el transporte público no es malo porque “esto no afecta en nada a los demás”; el que se salta el orden de la fila porque “hay alguien cuidándome el puesto”; o el que decide que es más fácil sobornar un policía que pagar la multa; o dejar de pagar los impuestos y preferir el contrabando a lo legal. La política colombiana es reflejo del sofisma de que “El fin justifica los medios”. De nada sirve que hablemos contra la corrupción si no hay correctivos de fondo desde la ciudadanía en lugar de esperar que la solución venga solo a la política. Es urgente volver a la ética y la estética en nuestras acciones.

¿Cuántos Odebrecht más hubo en las elecciones del 2010 y 2014 y no nos hemos enterado aún? ¿Cómo podemos pedirles a los colombianos que respeten la ley si quienes deberían dar ejemplo rompieron nuestras instituciones? Estas y muchas preguntas más deberían ocupar nuestros pensamientos, porque lo que está sucediendo no es un mal menor: es una crisis de magnas proporciones y sin duda el terreno abonado para el nacimiento de populismos que se sabe que comienzan con un discurso plausible y nunca terminan bien, si es que terminan.

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