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Una de las condiciones para que los procedimientos y las decisiones en cualquier actividad sean acertadas es guardar la compostura, porque cuando no se asumen con calma las actuaciones los resultados son indeseables; se han presentado estas situaciones en quienes ostentan algunos cargos de la alta dirección del estado, que dejan mucho que desear dada su alta investidura, son ellos quienes deben ser los guías para que los gobernados los sigan, acompañen, los respeten en todas sus actuaciones y acaten sus decisiones; este es el caso de lo que se ha dado en repetidas oportunidades con el Alcalde de Bogotá, el Fiscal General y el mismo Presidente de la República.
Se ha presentado con el alcalde Gustavo Petro, en varias oportunidades y recientemente cuando en el último fallo de la Corte Constitucional, ordenó su retiro por las conocidas circunstancias que se han presentado alrededor de su mandato, de inmediato llama a la sublevación del pueblo por los desmanes del alto tribunal, a lo que la Corte responde que se quede tranquilo en su puesto, porque según una tutela presentada por el Registrador Nacional, es muy costoso promover unas nuevas elecciones y ya su malquerido mandato para algunos bogotanos está por culminar.
También ha sucedido con el Fiscal Montealegre quien más que un fiscal, ha parecido un político promoviendo una campaña proselitista hablando de los procedimientos que debe adoptar tal o cual institución para otorgarle prebendas a los huéspedes insurgentes de La Habana en aras de buscar la paz; su función es la orientación y el control de la rama judicial para que esta cumpla su deber, pero con frecuencia ha violado algunas de sus atribuciones, presentándose como un locuaz orador emulando a Jorge Eliécer Gaitán, como un juez en un estrado pero en la plaza pública, juzgando a cuanta persona culpable o inocente existe sin considerar su derecho a la defensa. Estas actuaciones son más dañinas que el accionar guerrillero, porque envalentonan y polarizan la opinión pública y deterioran la imagen de la profesión del derecho.
Nuestro Presidente Juan Manuel Santos también ha faltado a su ecuanimidad, cuando en forma enardecida desde Cartagena pide al Procurador General de la Nación que “no se meta en los asuntos de la paz” cuando la función del doctor Ordóñez es justamente velar para que los funcionarios respeten las normas y se atengan a la letra de la Constitución y las leyes. Así mismo en titulares de prensa se presenta al Señor Presidente incómodo por los mensajes de Twitter alusivos a las acciones de su mandato, cuando como demócrata, debe dar a los ciudadanos la oportunidad de disentir sobre las actuaciones de las personas que ostentan el poder del estado.
Así mismo cuando, ante la propuesta de levantar la ley de garantías electorales, critica a los opositores al presentarle los argumentos del por qué se debe conservar para evitar que los funcionarios aprovechen los 5.2 billones de pesos, para aruñar los valores de los contratos con el fin de financiar las campañas de sus allegados políticos y quizás para adjudicar obras en lugares de sus preferencias partidistas; ojalá esto no sucediera y se pudiera levantar la restricción, porque la parálisis del estado es dramática afectando en forma grave la economía del país.
Los altos funcionarios deben guardar la serenidad, los desmanes en sus atribuciones generan desconfianza y apatía frente a la opinión pública, porque estas situaciones son similares a cuando se les presenta a los niños una pataleta y la mejor postura para los padres es ignorarlos.
