Jorge Giraldo Ramírez
Columnista

Jorge Giraldo Ramírez

Publicado el 04 de febrero de 2019

Proteger y castigar

La jefa de la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General, Claudia Carrasquilla, valiente y célebre, habló hace poco sobre el incremento del homicidio en Medellín. Cito in extenso: “La mayoría de las víctimas tenían antecedentes delictivos, lo que no quiere decir que en la ciudad no ocurren homicidios por otras circunstancias. Muchas de las muertes son producto de las confrontaciones, pero también, obviamente, pierden la vida muchas personas que nada tienen que ver en el conflicto, y eso hay que dejarlo muy claro” (“Medellín no es la ciudad más mafiosa de Colombia”, El Tiempo, 29.01.19).

Este es un concepto repetido en los últimos meses por las autoridades civiles y policiales de la ciudad. La afirmación contiene algunas ligerezas y un grano de verdad. El grano de verdad está dado por el hecho de que los golpes a los mandos de algunas redes criminales a veces –no siempre– generan una inestabilidad operativa que conduce al incremento de los asesinatos entre sus miembros. En el caso particular de Medellín, 2017 y 2018, parece ser cierto. Recuérdese que la extradición de Diego Fernando Murillo desató una guerra entre sus secuaces y elevó el homicidio en 2009.

Hasta aquí estamos en medio de una conversación técnica, sin mayores alcances políticos ni morales. Lo que no me acaba de cuadrar son, precisamente, las aristas políticas y morales de este tipo de expresiones. Ellas no se pueden dejar en el aire, apenas supuestas o implícitas, menos en un país donde “la ausencia de un frente común contra la violencia y el terrorismo ha sido notable en Colombia por muchos años” (Eduardo Posada Carbó, “La muy esquiva unidad nacional”, El Tiempo, 24.01.30).

La faceta política del asunto se expresa en los dos verbos que conforman el título de esta columna: proteger y castigar. La función del Estado es proteger la vida de los ciudadanos y, en los países donde no existe la pena de muerte, este mandato incluye la protección de la vida de los malos ciudadanos. En palabras de la fiscal, aquellos con “antecedentes delictivos”. La protección de la vida es un derecho fundamental y parte de los valores del Estado; el castigo no. Nadie debería dejar la sensación de que está invirtiendo la lógica de las cosas, menoscabando la protección por el afán de castigar.

La faceta moral tiene que ver con dos verbos que hacen parte de una discusión clásica: explicar y justificar. Nadie debe permanecer impávido ante el incremento del homicidio, menos aun cuando Medellín y Antioquia pasaron a ser contribuyentes del aumento nacional. Las muertes de personas que no tienen nada que ver con el crimen organizado no son daños colaterales de ninguna guerra justa, como tampoco son santos los cientos de victimarios sin filiación criminal.

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