La extracción de minerales e hidrocarburos ha sido una de las principales fuentes de desarrollo económico y social a lo largo de la historia del país. Para poner solo un ejemplo, las regalías que generan los proyectos de minería e hidrocarburos, más de $17 billones para el bienio 2021-2022, son una de las principales fuentes de desarrollo económico regional, representando, en promedio, el 30 % de los presupuestos de inversión de los municipios y departamentos.
A pesar de su protagonismo, en los últimos años el entorno para el desarrollo de proyectos mineros y petroleros se ha tornado poco favorable. Esto se debe, en gran parte, a la reforma al Sistema General de Regalías de 2011-2012, impulsada por el Gobierno pasado bajo el principio de “repartir la mermelada en toda la tostada”, la cual disminuyó las asignaciones para las regiones productoras significativamente, generando un enorme malestar en estas comunidades.
Consciente de este desequilibrio, una de las principales promesas del entonces candidato Iván Duque, fue corregir los errores de esa reforma. El Presidente cumplió su promesa y hoy celebramos la nueva reforma al Sistema General de Regalías que aprobó, casi de manera unánime, el Congreso de la República, y que lideró el gobierno nacional, poniendo a las regiones en el centro del sistema, con la autonomía que se merecen y en un momento clave para la reactivación económica.
Con ella, los municipios y departamentos mineros y petroleros más que duplican sus recursos, pasando de recibir el 11 % al 25 % del presupuesto de regalías, mientras que la asignación regional se mantiene en 34 % y se destinan mayores recursos para los municipios más pobres del país, incrementando las asignaciones de 11,7 % a 15 %. Para incentivar la reactivación en 2021, la ley permite que en ese año se ejecuten todos los saldos del sistema, unos $4,7 billones de pesos, priorizando vías terciarias, electrificación rural con conectividad, y agua y saneamiento básico.
Además, se logra la descentralización del sistema, otorgándoles mayor autonomía y responsabilidad a los entes territoriales. El número de Órganos Colegiados de Administración y Decisión (Ocad) se redujo de 1.152 a tan sólo 8, lo cual significa que, del total de los recursos, el 70 % se asignarán sin necesidad de pasar por estas instancias, asegurando que los recursos se traduzcan en obras y beneficios para las comunidades.
Un hito histórico es la asignación del 5 % para temas ambientales. Por primera vez se destinarán recursos para la protección de áreas estratégicas y la lucha contra la deforestación, bajo el principio de producir conservando y conservar produciendo. Además, se priorizó la inversión en infraestructura en todos los niveles de educación y la mejora en la calidad de la Educación Superior Pública, con una asignación específica. Finalmente, se incrementaron del 9,4 % al 10 % los recursos para Ciencia, Tecnología e Innovación.
Sin lugar a dudas, esta reforma es una de las apuestas más ambiciosas en materia de descentralización y de impulso al sector minero-energético como motor de equidad y de la reactivación económica regional.
* Ministro de Minas y Energía