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Ana Cristina Restrepo Jiménez
Columnista

Ana Cristina Restrepo Jiménez

Publicado el 05 de junio de 2019

Salvador irredento

¿Víctimas de “la directriz”? ¿Cuál “directriz”?

Salvador no se tragó el cuento de que “harían limpieza” en la vereda La Cristalina, de San Carlos: en medio de la “Operación Normandía”, desde helicópteros arrojaron volantes que advertían, según testimonios, que “no iban a dejar a nadie vivo, fueran ancianos, niños o mujeres embarazadas”. En vano, le insistió a su esposa para que viajaran juntos a la finca con la menor de sus cuatro hijas quien disfrutaba de las vacaciones escolares: en las montañas del Oriente podrían temperar y dar vuelta a los charcos de producción piscícola.

El 6 de julio de 2002, Salvador Valle Posada salió de su casa en Bello. En la Terminal del Norte abordó un bus de la Flota Granada.

Al día siguiente, cuando los mayordomos sintieron la llegada de la tropa del Batallón Juan del Corral de la IV Brigada, le insistieron al patrón que huyera con ellos, pero Salvador les respondió terco, confiado “como de costumbre”: “¿Por qué a nosotros si no debemos nada?”. Agazapada en un hueco en el monte, la pareja burló la muerte; a lo lejos, retumbaban gritos: “¡Que no quede nadie vivo!”.

Cuatro días después, la familia Valle se enteró: Salvador, 53 años, 26 de casado, 18 de contratista de obras civiles, cuatro hijas (11, 20, 23 y 26 años), dos nietos nacidos (hoy son más), yacía en una fosa cavada por militares.

Tan pronto retornó el silencio, los mayordomos colocaron una cruz en esa tumba a ras de tierra.

“Al momento de realizar el levantamiento del cadáver, el cuerpo sin vida del señor Valle Posada apareció con uniforme militar, a pesar de que estaba demostrado que se trataba de un hombre de bien dedicado a la construcción de obras civiles”, señalan los documentos del Consejo de Estado que condenan a la Nación, en octubre de 2018. (Dicho escrito presenta de forma equivocada los apellidos de las hijas de Salvador).

Tuvieron que pasar veinte días para que la Cruz Roja pudiera recuperar el cuerpo.

De acuerdo con la Fiscalía, entre 1988 y 2014 fueron identificadas 2248 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. En 2002 se incrementaron. Entre 2006 y 2008, se registró el pico de victimización: 59,3 % de los casos.

Las ejecuciones extrajudiciales ocurrieron en veintisiete departamentos, entre los nueve más perjudicados, Antioquia tiene el registro más alto: 29,4 % de las víctimas. Le sigue Casanare con 7,9 %.

(Existen reportes distintos al de Fiscalía; por ejemplo, el Banco de datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/PPP o el libro “Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010”, de Omar Rojas y Fabián Benavides).

La familia Valle ha obtenido toda la información del proceso de la demanda gracias a sus abogados. Hasta ahora, sabe de la reparación administrativa. No ha recibido un solo peso del Estado.

La viuda y huérfanas de Salvador desconocen la verdad: el nombre de los responsables, procesos y condenas, si se han acogido o no a la JEP.

No han recibido ni una llamada, ni una visita, ni una nota, ni el más mínimo gesto de perdón por parte de las Fuerzas Armadas.

En medio de un dolor que no acaba, con los descendientes de Salvador está Dios. Una idea resquebradajada de patria. Y lo que queda de su familia.

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