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Cristina de Toro
Columnista

Cristina de Toro

Publicado el 29 de junio de 2018

¿Será que ahora todo vale?

Después de leer el Auto 064- BFR-18 de la Comisión Nacional Electoral por medio del cual “suspende la audiencia pública de decisión” (expediente 3686 de 2018), respecto a la declaración de la elección de Antanas Mockus como senador de la República, le queda a uno la sensación de que la finalidad de este aplazamiento, no es más que una maroma para ganar tiempo y tratar de acomodar la ley a favor del “faro de la moral nacional”.

Porque el expediente señala que el electo senador Mockus efectuó dos contratos con el Estado siendo el presidente/representante legal de la Fundación Corpovisionarios en noviembre de 2017. Uno, (n.° 10 de 2017), Convenio de Asociación por $300 millones, suscrito con la Agencia de Cundinamarca para la paz y el posconflicto (Gobernación de Cundinamarca), ejecutado entre noviembre de 2017 y mayo de 2018, y otro (n.° 566 de 2017), Convenio por Asociación, con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá, por $671’943.127 efectuado entre noviembre de 2017 y mayo de 2018.

Además, la ponencia del magistrado Bernardo Franco es categórica: “se probó intervención y participación del doctor Mockus en la gestión de la etapa contractual del convenio que favoreció el interés de Corpovisionarios (...) sí es responsable de convenios porque solo renunció a Corpovisionarios el 19 de marzo de 2018 después de elecciones (...) en el contrato aparece el nombre de Antanas por todas partes”.

Las evidencias de su impedimento para posesionarse como senador de la República saltan a la vista, (ley no permite contratos con entidades públicas seis meses antes de fecha de elección), sin embargo, la Procuraduría General de la Nación pide practicar nuevas pruebas para determinar si el senador electo en efecto está inhabilitado.

Esto ocurre porque aquí la ley no es para todos, mucho menos, si puede afectar el nombre de quien se adueñó del estandarte de la “decencia”, de la “honestidad” y del “buen hacer política”. Del individuo que se convirtió en símbolo de ética, a pesar de haber ocultado por años su oscuro pasado como auxiliador de las Farc, de haber recibido “entrenamiento como falsificador de documentos de identidad”, de haberles “hecho traducciones”, “guardado secretos y recursos”, etc. Estandarte que, dicho sea de paso, le ha reportado inmensos beneficios económicos como contratista del Estado.

Otro sería el cuento si el involucrado en este proceso fuera cualquier perico de los palotes o si se tratara de un militante del partido Centro Democrático. No solamente estaría ya inhabilitado, sino también, enjuiciado y condenado por la inquisidora prensa y la mamerta intelectualidad criolla.

Si el señor Mockus fuera tan honorable como él manifiesta y como proclaman todos los que lo defienden (y utilizan), no se hubiera postulado como candidato al Congreso por su impedimento legal y por razones de salud.

Si bien es cierto que cuando se supo de los delitos cometidos por Mockus estos ya habían prescrito, sí debió haber recibido una severa sanción social y así hubiéramos evitado que siguiera mercadeando esa imagen de honradez, y quizá no estaríamos viendo este bochornoso espectáculo de la justicia.

¡Qué vergüenza! el grado de postración al que llegamos.

O, ¿será que ahora todo vale?.

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