En nuestra última columna nos referimos a la preocupación del Gobierno y de la sociedad en el Perú por combatir y corregir los efectos nocivos ocasionados por el flagelo de la corrupción, lo que llevó a un gran acuerdo que sentó las bases para la expedición de un Plan Nacional contra la corrupción, cuyo primer objetivo es la recuperación del principio de la integridad, a partir del desarrollo de conceptos importantes vinculados a la realización de los valores éticos necesarios para promover una sociedad incluyente y tolerante. Para la ejecución de este propósito, el Plan plantea una serie de medidas orientadas hacia la recuperación moral del individuo y ética de la sociedad.
Ahora bien, el Plan no se limita a trazar metas y objetivos, sino que regula acciones concretas, entre las cuales, podemos destacar: (i) Elaboración y publicación para primaria y secundaria, de herramientas curriculares que incorporen valores y principios éticos. (ii) Implementación por las instituciones educativas y los gobiernos regionales, con la colaboración de la Contraloría General de la República, para finales del 2019, en todos los centros de educación técnica superior de Lima Metropolitana y las universidades de Lima, de medidas de integridad. También para esa fecha, se ha considerado necesario incluir contenidos orientados a la promoción de principios éticos y valores ciudadanos en todos los centros de educación superior, incluidas las universidades, para incentivar la formación integral de sus estudiantes (iii) Para el 2020, el 100 % de las regiones deben haber desarrollado campañas de concientización sobre valores, ética pública y promoción de la denuncia (iv) Establecer claridad sobre funciones y responsabilidades de la autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para la elaboración de guías de orientación y promoción de la reflexión a través de diversos medios basados en casos, para la identificación y tratamiento de los dilemas éticos que enfrentan los servidores públicos (v) En los casos de dilema ético, la Comisión desarrollará casos que potencialmente pueden enfrentar los servidores. Sobre la base de lo desarrollado, se deben elaborar más casos y guías de orientación, para promover de manera constante la reflexión (vi) Para finales de 2019, el 100 % de las entidades públicas de los poderes del Estado tendrán actualizados y en línea sus registros de visitas a funcionarios, y habrá plena transparencia en las principales agencias oficiales.
(vii) Para 2020, las capitales de departamento mantendrán en línea, debidamente actualizado, el registro de visitas en las principales agencias oficiales. Estas medidas serán implementadas por todas las entidades del poder ejecutivo. La asistencia, seguimiento y supervisión estará a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (viii) El Perú ha adherido a las recomendaciones de Consejo de Principios de Transparencia e Integridad en la Gestión de Intereses de la Ocde. Se encuentra vigente la ley 28024 que regula la gestión de intereses en la administración pública, pero debe adecuarse a los estándares internacionales.