La presente columna surge como respuesta a esa especie de clamor del viajero enamorado de nuestro bello país, con paisajes inigualables, amaneceres refrescantes y atardeceres reconfortantes, que invitan a quien desea recorrer sus caminos, llanuras, montañas, bosques, ríos, playas, a la realización de nobles propósitos de hermandad, tolerancia y comprensión.
No obstante la majestuosidad de nuestra naturaleza y la nobleza de gran parte de nuestra gente, en más de una ocasión el turista se siente desconcertado y desengañado por la manera descuidada y en ocasiones insolente, como algunos funcionarios y ciudadanos, gestionan los asuntos relacionados con la promoción y realización del turismo.
Es necesario que desde el Estado, a través de los órganos competentes para el efecto, se elabore de manera concertada con asociaciones y gremios dedicados al turismo, una política integral en defensa de una industria, sin chimeneas, que puede generar grandes recursos y promover una importante tasa de empleo. La falta de planeación sobre la proyección socio-económica del turismo, como actividad generadora de riqueza social, la inercia y confusión en la ejecución de competencias en materia de gestión, inspección y vigilancia, y en muchas ocasiones, la insolencia y falta de preparación de los particulares responsables, originan un turismo con escasa proyección internacional y amargo sabor nacional.
Independiente de lo sucedido y denunciado por distintos medios sobre abusos y descuidos, por efectos de conocimiento cercano, presentamos a título de ejemplo, algunos aspectos que afectan el turismo en Santa Marta y su zona de influencia: (i) Se sabe que el Rodadero es un centro de turismo que recibe miles de visitantes, sin embargo no existe una actividad estatal permanente para la ejecución de medidas en materia de seguridad, salubridad e higiene; de hecho, sólo por denuncias de último momento, las autoridades realizaron una serie de cierres a locales y puestos de comidas por no cumplir con requisitos mínimos de higiene. (ii) El Estado, a través de sus autoridades, debe encauzar el turismo en Taganga, basta una corta visita a lo que en antaño era un folclórico centro de pesca artesanal con un paisaje que invitaba al descanso y la reflexión, para encontrarse con un lugar sin ningún plan de ordenamiento territorial, con desordenadas formas de comercio sin control, no obstante los esfuerzos esporádicos de las autoridades de policía. (iii) En las principales playas de la ciudad suelen presentarse delicados conflictos entre bañistas por falta de claridad en la ejecución de las normas que regulan lo referente a la instalación, utilización y “mercadeo” de carpas en las playas. Debe haber una clara información sobre las competencias de las autoridades municipales, de la DIMAR y demás órganos ambientales y de turismo. No puede olvidarse que las playas son bienes de uso público, es decir, el uso es de todos, salvo las autorizaciones para usos temporales o excepcionales que otorgan las autoridades de policía. Lo importante es que empresarios y turistas conozcan esas regulaciones y haya claridad sobre el reparto de competencias para su aplicación.