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Publicado el 23 de mayo de 2019

UN PROYECTO PERNICIOSO

Por ARMANDO ESTRADA VILLA*

aestradav@une.net.co

Avanza raudo en el Congreso de la República el proyecto de acto legislativo por el cual se modifica el artículo 351 de la Constitución Política. Tiene apenas dos artículos y ha sido votado por congresistas de todos los partidos. Busca darle autonomía presupuestal al Legislativo para que los congresistas tengan iniciativa en materia de gastos de inversión. Por tal razón, les correspondería decidir en qué emplear el 20 por ciento de la partida de inversión del Presupuesto General de la Nación, que para 2019 es de 259 billones. Esto es, que tendrían a su disposición cerca de 9 billones de pesos, lo que significa que cada congresista podría manejar cerca de 30.000 millones.

Se trata de una iniciativa de origen parlamentario que tiene implicaciones nefastas para la democracia, el correcto uso de los fondos públicos y la moral pública. Es nocivo para la democracia porque rompe el principio de igualdad en el punto de partida de los aspirantes a ocupar curules en el Congreso y también de la ciudadanía. No es lo mismo presentarse como candidato sin haber repartido recursos estatales que después de haber entregado a nombre propio a las comunidades sumas significativas en obras, bienes y servicios. Tiene así una ventaja inalcanzable el congresista sobre cualquier aspirante no congresista, lo que les facilitará la reelección indefinida e impedirá la renovación.

Además, por tratarse de una distribución selectiva, también crea desigualdad en la población, puesto que proporciona ventajas a individuos y grupos favorecidos de manera discrecional por el congresista entre su clientela, con el consiguiente desconocimiento de los derechos de la población no clientelizada.

Es nocivo para la adecuada orientación de los fondos públicos porque los recursos se destinarán preferentemente a atender necesidades clientelares de los congresistas y no necesidades sociales. De esta manera, se reforzará el clientelismo que implica intercambio de obras y servicios con recursos que asigna el congresista por lealtades y votos de los beneficiados, en una relación paternalista, particularista y privada. Llegarán estas obras y servicios no como derecho de las comunidades sino como dádiva de los parlamentarios; no se realizarán como deber del Estado sino por generosidad del congresista, lo que implica la privatización de recursos públicos.

Es nocivo para la moral administrativa porque es antesala de la corrupción, puerta abierta para el ejercicio de este delito. El vínculo que se crea entre alcaldes, congresistas y contratistas de obras y suministros, con comisiones de por medio, fomenta la realización de actos de corrupción. Bien lo explica el uso del cupo indicativo del senador Antonio José Correa, en convenio con Coldeportes y el alcalde del municipio de El Peñón para construir una cancha sintética: varios funcionarios detenidos y el senador investigado por la Corte Suprema a solicitud de la Fiscalía.

No en vano Luis Carlos Galán, Carlos Lleras Restrepo, Elisabeth Ungar, Fernando Cepeda, Luis Jorge Garay, Salomón Kalmanovitz, Guillermo Perry, Jorge Enrique Robledo, entre los analistas nacionales, y Francis Fukuyama, Allen Hicken y Susan Stokes, entre los extranjeros, consideran que el manejo de partidas presupuestales por parlamentarios es mecanismo que induce la corrupción.

Legisla así el Congreso para conveniencia de sus integrantes mientras proyectos indispensables para la mejor marcha del país como la reforma política, de la justicia y el combate a la corrupción no se aprueban.

* Ex ministro del Interior, coautor del libro “Clientelismo en Colombia” (Ed. Unalula).

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