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Publicado el 19 de octubre de 2020

Una reforma a la salud, necesaria pero no urgente

Por Jairo Humberto Restrepo Z*

@jairoudea

Decía Montesquieu que “las leyes inútiles debilitan a las necesarias”. Esto puede suceder con el proyecto de ley 010 de 2020, mediante el cual se proponen ajustes al sistema de salud, para cuyo trámite el presidente envió mensaje de urgencia el pasado 23 de septiembre al Congreso de la República. Y si bien, es necesaria una reforma para solucionar o corregir problemas y fortalecer logros del sistema de salud, es fundamental insistir en el debate público que permita una visión de largo plazo sobre el sistema de salud que queremos y podemos tener en Colombia.

En sus once capítulos y sesenta y ocho artículos, el proyecto en discusión, recoge preocupaciones aún no resueltas en el país y que pudieran contribuir a mejorar el desempeño del sistema, tales como: el desarrollo de un modelo de atención en salud que responda a las necesidades de la población, mediante la atención primaria en salud y la adscripción a un médico de familia o comunidad; la búsqueda de nuevos recursos para el sistema, vía una modificación en los impuestos al tabaco y el retorno de los 8,5 puntos de la cotización para el caso de los trabajadores cuya remuneración sea entre tres y diez salarios mínimos, y una mayor integración con los regímenes de excepción y las administradoras de riesgos laborales.

Sin embargo, son varios los temas en los que cabe preguntarse por su conveniencia o la necesidad de evaluar su viabilidad e impacto. En el caso de la salud pública, tema recurrente más aún ante los retos impuestos por la pandemia, el proyecto se queda corto y puede significar un retroceso al cambiar el plan decenal de salud pública por un plan nacional con un horizonte de cinco años. En cuanto al aseguramiento, se plantea en el proyecto un cambio de nombres, siendo necesario examinar si habrían cambios de fondo, de modo que las EPS pasarían a llamarse Aseguradoras en Salud (AS). Uno de los ajustes más llamativos se refiere a la creación del Fondo de Garantías del Sector Salud, que ahora se propone como un ente autónomo que tal vez generaría conflictos de competencia con la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

Por último, entre los vacíos del proyecto se destaca la ausencia de consideraciones sobre la gobernanza y el entramado institucional del sistema, así mencione algunos actores sobre los cuales se proponen ajustes, como las EPS y los hospitales públicos. Un asunto muy llamativo, por la confusión que se genera, se refiere a la mención que se hace del sistema general de seguridad social en salud, creado en la Ley 100 de 1993, y el sistema de salud, que en el proyecto parece diferenciarse de aquel y ambos seguirían coexistiendo. Este es un ejemplo claro de la necesidad de una discusión profunda para acordar la propia denominación del sistema.

Reconociendo la necesidad de una reforma a la salud y las intenciones que puedan tener los autores del proyecto de ley para mejorar la salud y el bienestar de la población colombiana por la vía de una reforma al sistema de salud, conviene entonces adelantar un debate amplio, sereno y bien documentado, en el cual se tenga en cuenta de manera especial las lecciones que va dejando la pandemia y las que se desprenden de años de investigación y experiencia de diversos actores.

* Profesor, Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Antioquia.

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