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Francisco Cortés Rodas
Columnista

Francisco Cortés Rodas

Publicado el 19 de febrero de 2019

“Yuyanapac” y los centros de la memoria

La memoria necesita instituciones y proyectos culturales en los cuales anclar: lugares y fechas, monumentos, conmemoraciones, centros de memoria. La memoria demanda medios para ser transmitida a las víctimas de los diferentes actores de la guerra y a las nuevas generaciones que no fueron testigos directos de la violencia que se considera necesario recordar.

En Perú, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), que presentó su Informe Final (IF) el 31 de agosto de 2003, optó por desarrollar una política de la memoria y así superar la verdad oficial de un régimen dictatorial. Ante la presión de las élites políticas y económicas que afirmaban la necesidad de olvidar, la CVR optó por recordar. Los críticos de la CVR consideraron que la verdad que reveló el IF no debería salir a la luz pública, era mejor archivarla, pues la población peruana, afirmaron, no era democráticamente madura como para enfrentar la realidad contenida en este documento.

Estos críticos y abiertos enemigos del IF bloquearon muchas de las reformas institucionales que propuso la CVR en el sistema educativo, en el fortalecimiento de la democracia y en la organización de las fuerzas armadas. Obstaculizaron también las políticas institucionales de la memoria, como se puede apreciar en el entramado de artimañas politiqueras de funcionarios gubernamentales y políticos cercanos al Fujimorismo y al Aprismo, para minimizar el valor histórico de museos construidos para rendir homenaje a las víctimas.

Fueron varios hechos: el rechazo que el gobierno peruano de entonces hizo de la donación alemana para construir el Museo Lugar de la Memoria, LUM. La no inclusión en este del más importante relato visual del conflicto armado interno en el Perú, la exposición “Yuyanapac” (Para recordar), que está conformada por 1700 fotografías y que reposa actualmente en un piso del Ministerio de Cultura, desarticulada del LUM y deliberadamente perdida en este edificio de la burocracia. Con el “Ojo que Llora”, el otro monumento a las víctimas de la violencia terrorista, sucede algo parecido. Situado en el Campo de Marte, aislado y expuesto a ataques de seguidores de Fujimori, no ha podido cumplir como es debido su función esencial de devolverle la memoria a una sociedad indiferente a lo que pasó durante el conflicto armado.

En esta batalla por la memoria, la memoria militarista, negadora de víctimas, legitimadora de la violación de derechos humanos, ha buscado imponerse sobre la memoria incluyente y defensora de los mismos. Estos dos lugares de la memoria, “Yuyanapac” y el “Ojo que llora” han sufrido el soterrado embate de una política de invisibilización.

En Colombia se trata de lo mismo. Es la estrategia del olvido: impedir que la Comisión de la Verdad pueda cumplir sus fines. La objeción presidencial a la Ley Estatutaria de la JEP golpearía el Acuerdo de Paz. Desnaturalizar el Centro Nacional de Memoria Histórica para convertirlo en otro adalid de la memoria negadora de víctimas. Y para esto el presidente encontró al que necesitaba: Darío Acevedo. Más ideólogo que historiador, más agresivo con la pluma que columnista.

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