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Difícil en este momento no escribir sobre la reforma tributaria cuando esta se ha convertido en el tema de conversación, casi exclusivo, de las reuniones de empresarios, académicos, columnistas e incluso personas naturales. Y, no es para menos. La preocupación respecto a la misma ha ido aumentando a medida que se ha profundizado en el análisis de las consecuencias de mediano y largo plazo que para el país tendría la aprobación de una reforma al Estatuto Tributario como la que propone el gobierno.
Es además paradójico que cada uno de los impuestos que en esta se proponen encuentre su propia contradicción en alguna de las propuestas que el mismo Gobierno ha hecho para poder acceder a la OCDE o para transitar hacia un país en paz, con mayor equidad. Inversión, crecimiento, formalización, esenciales para la transformación que se está buscando, son los grandes ausentes de la reforma.
Así, por ejemplo, el impuesto a la riqueza en el que tanto insiste el Gobierno va en contravía de la meta del presidente Santos de aumentar la tasa de inversión de 30 a 32 % como porcentaje del PIB durante su segundo período. De hecho, es la tasa cercana al 30 % del PIB la que ha soportado el crecimiento del país en los últimos años. Atentar contra la misma, subestimando la sensibilidad de la inversión a la tasa de tributación, es una gran equivocación.
Las tasas efectivas de tributación en Colombia son excesivamente altas, incluso confiscatorias para algunos. El impuesto a la riqueza, de aprobarse, las aumentaría aún más y tendría un impacto negativo sobre la tasa de inversión y, por esta vía, sobre el crecimiento.
Un estudio reciente de Roberto Steiner, ex director de Fedesarrollo, estima que, como consecuencia de la reforma, el crecimiento de la inversión caería en 1,68 puntos porcentuales en 2015, en tanto que el crecimiento del PIB se reduciría en 0,5 puntos porcentuales.
De otro lado, el 4 X 1000, otra de las estrellas de la reforma, es el gran enemigo de la formalización de la economía y de la generación de empleo formal, otros dos objetivos del Gobierno. Este impuesto, además, es regresivo, obstaculiza el acceso al crédito por vía al desincentivo a la intermediación financiera, promueve el contrabando, el lavado de activos, la evasión y la elusión.
Por el contrario, el IVA, uno de los impuestos menos distorsionantes –todo el mundo lo paga por igual- y que mayor recaudo genera, se ha convertido en el coco de gobiernos y políticos por cuenta de la convicción de que golpea muy duro a los más pobres. No obstante, Steiner en su estudio, demuestra que son los hogares de los tres estratos más ricos los que más se benefician con la forma como opera este impuesto actualmente.
Es claro y así lo muestran los indicadores internacionales que la complejidad del sistema tributario actual y las altas tasas efectivas de tributación afectan la competitividad de las empresas en Colombia e incentivan la informalidad.
El país sí requiere una reforma, pero no la que se está proponiendo. Requiere una reforma que simplifique el sistema tributario, elimine las distorsiones, minimice los efectos negativos de los impuestos sobre la eficiencia económica y sobre todo que guarde consistencia con las metas que el Gobierno se ha fijado.