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En mayo de 2018, el Directorio del FMI había instado al gobierno “a considerar la necesidad de proveer datos macroeconómicos esenciales, como un primer paso para entender qué está sucediendo en Venezuela y contribuir a un adecuado diagnóstico... el país no había entregado información esencial y tampoco sobre rubros adicionales... razón por la cual el FMI expidió una declaración de censura para que se tomen medidas y se cumpla con las obligaciones establecidas en el Artículo VII, sección 5 de los artículos del Acuerdo con ese país”.
Se concedía en ese momento “un plazo de seis meses para llevar a cabo los ajustes y examinar la forma en que se estaban llevando a cabo”.
Sin embargo, según un portavoz del FMI citado por Reuters “... los datos de PIB y de inflación fueron publicados por el gobierno venezolano sin la presión del FMI... y esta entidad no puede certificar los datos divulgados por este porque no conoce la forma como fueron elaborados, dado que no existen contactos con el gobierno venezolano desde comienzo del año”.
