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Por: Wilson Vega
Editor de Abecediario.co @WilsonVega
El Ayuntamiento de Portland, Oregón, votó esta semana, por unanimidad, para adoptar dos de las regulaciones más estrictas de la tecnología de reconocimiento facial en los EE. UU. Una prohíbe el uso público del reconocimiento facial por parte de las oficinas de la ciudad, incluido el Departamento de Policía de Portland, en tanto que la otra prohíbe todo uso privado de reconocimiento facial en lugares de uso público como calles, parques y edificios.
Portland es que no incluyó, siquiera, excepciones para las aerolíneas o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU., lo que les habría permitido recopilar datos de reconocimiento facial de los viajeros en el Aeropuerto Internacional de Portland. Las únicas excepciones contempladas son para el sistema de escuelas públicas.
Este es un paso más para Oregon, que ya había prohibido el uso policial de cámaras corporales con tecnología de reconocimiento facial. Pero sin duda va más allá de ese estado y ese país. Hace apenas unos meses, en una carta a los miembros del Congreso, el CEO de IBM comunicó la intención de la firma de abandonar el negocio de reconocimiento facial de propósito general e indicó que se opone al uso de dicha tecnología para labores de vigilancia masiva y perfilamiento racial (racial profiling).
En su carta, Arvind Krishna dijo: “IBM se opone firmemente y no tolerará el uso de ninguna tecnología, incluido el reconocimiento facial, para la vigilancia masiva, el perfil racial, las violaciones de los derechos humanos y las libertades básicas o cualquier otro propósito no coherente con nuestros valores y principios de confianza y transparencia”.
Es difícil no ver la decisión de Portland o la de IBM en el contexto de los abusos policiales que llevaron a protestas generalizadas en Estados Unidos. Que voces reconocidas de la política y de la tecnología alerten sobre el posible abuso de las capacidades del reconocimiento facial no es menos que significativo. Otras firmas, como Amazon y Microsoft, han asumido moratorias voluntarias para determinar los alcances reales de estos desarrollos.
Por años, el software de reconocimiento facial ha recibido señalamientos por su potencial para violaciones de los derechos humanos. Ya no es solo el hecho, comprobado, de que la tecnología es menos precisa para identificar a las personas de color, sino el temor de que abusos como los que condujeron a la muerte de Javier Ordóñez en Colombia y George Floyd en Estados Unidos se vean potenciados por herramientas capaces de ubicar a una persona, su identidad y su domicilio.
La política nacional debería estimular el uso de tecnologías que aporten transparencia a la labor policial, como las body cameras y las modernas técnicas de análisis de datos. Pero es determinante saber: ¿Quién tiene acceso a esos datos? ¿Cómo se almacenan? ¿Qué consideraciones se han hecho para evitar que se abuse de esta tecnología? De lo contrario, herramientas diseñadas para protegernos pueden volverse instrumentos para el abuso de poder.
