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Una perspectiva negativa de Estados Unidos sobre la lucha contra los cultivos ilícitos y el narcotráfico en Colombia no le convenía a una relación histórica y fructífera de cooperación entre ambas naciones, en especial por la cuota en vidas de héroes sacrificados en todos los ámbitos (policiales, militares, judiciales, intelectuales e incluso periodísticos) y por la gran cantidad de personas fallecidas y atrapadas en los tentáculos de las drogas ilegales.
Así que pasar de las recriminaciones y los lenguajes duros empleados por el presidente Donald Trump sobre el papel de las autoridades colombianas, dado el significativo aumento entre 2016 - 2017 de los suelos sembrados de coca y marihuana, que tocó el pico de las 200 mil hectáreas, a un mensaje que reconoce “avances tempranos en reducción de los niveles récord de cultivos”, constituye un giro benéfico para las políticas y metas del Gobierno Nacional.
Solo en 2019, según cifras de los ministerios de Defensa y de Justicia, se han erradicado 38.395 hectáreas. Ya 2018 se había cerrado con una baja de 171 mil a 169 mil h, un 1,2 % menos. Reducción muy leve frente a la meta de estar, en 2023, por debajo de 90 mil h.
Los analistas destacan que estas variaciones favorables se han logrado incluso sin aspersión aérea con glifosato. Ello, a juicio de los expertos, significa que mediante un concurso de esfuerzos policivos de erradicación e interdicción, de inteligencia judicial y financiera y de políticas sociales y agrarias, es posible poner freno al auge de los cultivos y las mafias.
No obstante, es comprensible que ambos gobiernos, con medidas claras de protección del medio ambiente y la salud humana, tengan la opción de las aspersiones controladas como una herramienta disponible para cortar cualquier asomo de nuevas expansiones del fenómeno coquero.
Estados Unidos no deja de ocultar su preocupación ante la sobreproducción de drogas ilícitas en el mundo, con Colombia a la cabeza. Pero entiende que no es por la vía de las recriminaciones sino por la del entendimiento y la cooperación, por la cual puede reducir la oferta, pero también la demanda en su territorio, con una inequívoca actitud de corresponsabilidad y ayuda.
En 2019, EE. UU. aprobó 418 millones de dólares que son vitales para las tareas antidrogas en Colombia, mediante asistencia técnica y reforzamiento en la seguridad contenciosa del narcotráfico.
Trump reseñó en su memorando de aprobación a la labor de Colombia, dirigido a Mike Pompeo, secretario de Estado, su deseo de que se reanude el programa de erradicación aérea, mientras que en Colombia el canciller Carlos Holmes Trujillo saludó que la Corte Constitucional haya abierto la posibilidad de usar la aspersión, con protocolos seguros que no afecten a comunidades y territorios.
Pero de manera paralela está el enorme compromiso que deben tener los campesinos con la erradicación, para lo cual requieren, a su vez, el apoyo del Estado y la empresa privada para dinamizar la producción agrícola con créditos blandos, auxilios y asistencia técnica, y con vías y un mercado que opere de manera sostenida y rentable.
En toda esta cadena de acciones contra los cultivos ilícitos y el narcotráfico, ahondados hoy en nuestro suelo por la presencia de emisarios de estructuras criminales transnacionales, el apoyo y el reconocimiento de EE. UU. es esencial. Espaldarazo que fortalece una lucha larga y compleja.