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El 31 de julio pasado, Nicolás Maduro decía, en una de sus interminables intervenciones televisadas en las que suple con palabrería la ineficacia administrativa de su régimen, que invitaba a la oposición a que aceptara que la mesa de diálogos instalada en Barbados -a instancias de Noruega- tuviera carácter permanente, pues de allí “podrán salir acuerdos para alcanzar una paz definitiva, basada en el respeto y en el cumplimiento de los compromisos asumidos”.
El pasado jueves, sin embargo, hizo saltar por los aires esa supuesta disposición al diálogo. En otro discurso ceñido a la habitual retórica chavista, hizo corresponsable a la “oposición extremista” de las nuevas sanciones que impuso el gobierno de Donald Trump y, por ende, ordenó levantarse de la mesa. Los delegados de Guaidó pasaron, de nuevo, a ser enemigos bajo la categoría de representantes de los “traidores a la patria”.
Es una actitud que, con toda seguridad, ya tenían prevista todas las cancillerías que tienen entre sus temas de interés el desenvolvimiento de la pulverización política, social y económica de Venezuela. Si bien buena parte de la comunidad internacional observó con tolerancia la instalación de esa mesa de diálogos, también debían ser pocas las apuestas de que condujeran a algún buen final.
Que Maduro pretendía, al enviar delegados a hablar con representantes de la oposición, ganar tiempo, recibir algún oxigeno por el compás de espera internacional, y dividir a las fuerzas opositoras, estaba perfectamente claro. Esta decisión de pararse de la mesa lo ratifica.
La posición de Guaidó queda también debilitada. Negó tajantemente sentarse a dialogar y en menos de tres días dio un giro, seguramente presionado por muchos gobiernos. Al aceptar sentarse a dialogar, y luego al ceder en que esa mesa tuviera carácter permanente, fracturó el apoyo que todas las fuerzas opositoras habían reunido en torno suyo.
El jueves pasado Guaidó, a pesar de criticar al régimen por su mala fe en los diálogos, no cerró la puerta a proseguir con ellos, en cuanto “sean útiles y lleven a una solución real”. Su mensaje evidencia que hay una presión muy fuerte para que no corte esas vías, así sean precarias, mientras por otro lado la capacidad de movilización contra el régimen ve reducida su eficacia ante la evidencia, con el paso de los meses, de que nada cambia.
Estados Unidos, esta semana, anunció una orden ejecutiva presidencial con nuevas sanciones, económicas y comerciales, como congelamiento de bienes, y sanciones para empresas o Estados que negocien con el régimen de Maduro. Aunque en estas sanciones quedan excluidos los alimentos, medicinas y material humanitario, muchos observadores apuntan a que los principales perjudicados son los venezolanos que aún quedan en el país y padecen toda clase de privaciones.
Más allá de la eficacia o no de las sanciones, hay coincidencia en que el principal factor de apoyo a esa dictadura que no cae, que está enrocada y que sigue actuando contra toda legalidad, es que tiene el respaldo del alto mando de las fuerzas armadas. De allí que sectores expertos en negociaciones internacionales aconsejen a Guaidó que haga lo posible porque representantes de las fuerzas armadas estén sentados en esa mesa de diálogos, o incluso que tengan una mesa aparte. Algo difícil de bordar cuando solo muy pocos creen que esos diálogos puedan tener alguna posibilidad real de abrir soluciones.