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Varios frentes se han abierto para hacer seguimiento y control a la situación de Empresas Públicas de Medellín (EPM), tras los golpes derivados de las decisiones de sus actuales directivas y del alcalde de Medellín, que originaron, entre otras cosas, la renuncia de la junta directiva en pleno, la rebaja de la calificación crediticia por parte de una calificadora internacional de riesgos, y los manifiestos de directivos de la empresa y la movilización de su sindicato de profesionales.
Hay unos controles internos que hace, precisamente, el sindicato de profesionales (Sinpro), por ejemplo mediante derechos de petición a la Gerencia de la compañía. Los controles externos, por su parte, deberían estar encabezados en lugar primordial por el Concejo de la ciudad, aunque este no ha sido operativo porque no solo se encuentra en receso y fue citado a sesiones extras para tratar otros asuntos, sino que allí la labor la hacen unos pocos concejales a título individual, porque ni siquiera sus propias bancadas tienen posiciones unificadas.
La veeduría ciudadana Todos por Medellín ya ha empezado su andadura, sometida a descalificación e intentos de sabotear su objetivo por parte del alcalde Daniel Quintero, quien se ha prodigado en estigmatizaciones hacia una labor no solo amparada por la Constitución, promovida en las leyes de servicios públicos, sino apoyada por buena parte de la ciudadanía y de forma casi unánime por los gremios y entidades cívicas de la región.
Estos mecanismos habrán de servir para que, en lo posible, haya una política de transparencia que podría comenzar, por ejemplo, informándole a la ciudadanía sobre el proceso de Caribe Mar. O sobre las contrataciones a abogados para asesorías jurídicas, su cuantía, justificación y sistema por el cual fueron escogidos los asesores.
También hay un control que hasta ahora parece estar pasando de agache, a pesar de tener no solo facultades, sino deberes como función del Estado para hacer vigilancia a las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios y, en particular, a las que cumplen papel relevante en el sector de energía. Son las Superintendencias, hasta ahora en un papel más bien pasivo.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios es, por ley, la que más injerencia tendría para monitorear, vigilar y hacer seguimiento a lo que pasa en EPM. Ahí están las facultades definidas en las leyes 142 y 143 de 1994. Al estar de por medio el proyecto de Hidroituango, en ejercicio de su labor de supervisión puede examinar qué tan afectados están en los indicadores de gestión señalados por la Comisión de Regulación de Energía (CREG), en especial por los sobrecostos que ha tenido y vaya a tener la obra.
También la Superintendencia Financiera, en tanto EPM es emisora de bonos que se transan en el marcado de capitales, y debe recibir los reportes de Información Relevante, debe estar atenta al desenvolvimiento de la confianza de EPM, y estar presta a pedir los informes que sean del caso para precaver nuevas afectaciones al grado de calificación que llevarían al incremento de tasas de interés a futuro. Hablamos de una empresa 100 % pública, que maneja recursos de esa condición.
EPM es operadora relevante del mercado de energía y lo será en mayor magnitud cuando comience a generar Hidroituango. De allí que el interés se extienda a entidades como el Ministerio de Minas y Energía, la UPME (Unidad de Planeación Minero Energética), o la CREG.
No se habla de una intervención administrativa, pues no hay causales legales para eso, pero sí de seguimiento, vigilancia y monitoreo.