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Editorial

Extorsión, flagelo que agobia

Solo en dos comunas, las bandas se apoderan de un botín que puede llegar a $156.530 millones anuales. La desprotección de las víctimas hace que algunas asuman la extorsión como “normal”.
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Publicado el 13 de junio de 2019

El problema de la extorsión es mucho más grave de lo que cualquier persona puede imaginarse. Detrás de los pagos por “seguridad”, que cancelan comerciantes y vendedores ambulantes; el paga diario o “gota a gota”, las rifas impuestas y la privatización del espacio público por la ilegalidad, prospera una red criminal que, solo en dos comunas de Medellín, La Candelaria y Guayabal, obtiene un botín anual calculado entre $28.727 millones y $146.530 millones.

Una voz de alarma y enorme servicio por la defensa de la seguridad ciudadana es la investigación Coerción Extorsiva en Medellín en La Candelaria y Guayabal, realizada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Medellín (Sisc) y el Instituto Popular de Capacitación (IPC).

En la Comuna 10 (La Candelaria o Centro) y la Comuna 15 (Guayabal) el 50 % del comercio formal y vendedores ambulantes reconoció que era extorsionado y denunciaron cuánto pagaban. En el Centro, los microempresarios pagan, en promedio, $40.000 semanales; las grandes empresas $500.000 y los venteros ambulantes, $27.5000, promedio, con cuota mínima de $2.000.

En Guayabal los primeros cancelan $40.000 por “seguridad” y las grandes $350.000. Según la Cámara de Comercio de Medellín y la Gerencia del Centro, en Guayabal hay 4.724 empresas, en el Centro 20.735 y 9.382 vendedores ambulantes. Si solo el 50 % del total pagan, las bandas se apoderan de $28.027 millones.

Al cruzar el estudio de la Alcaldía y el IPC, con otro de Fenalco, el cual denuncia que el 90 % del comercio organizado paga extorsión, el monto llega a los $146.300 millones.

Si esto sucede en solo dos comunas, vale preguntarse: ¿ Qué tan grande es el botín de las extorsiones en Medellín, el Aburrá, demás capitales y ciudades intermedias del país donde prospera el flagelo?

El fenómeno es de alta complejidad. Un alto porcentaje de la gente institucionalizó el mismo y no asume que está siendo extorsionada, sino que está dando una cuota o una colaboración, contribuyendo con una rifa o pagando voluntariamente intereses de usura por el gota a gota.

Estas prácticas delictivas no son asunto nuevo. Se establecieron en años porque los actores ilegales, a falta de control del Estado, instalaron su poder a través de amenazas, desplazamientos y homicidios para luego entrar a regular la vida de las comunidades.

El negocio de la extorsión se hace al aire libre, a la vista de todo el mundo, frente a las cámaras de seguridad e incluso sin importar la presencia de autoridades, hechos que dejan en total desamparo a las víctimas que van desde la vendedora de mangos o empanadas hasta empresarios de gran prestigio y tradición. Su poder está en que detrás del mismo gravitan el crimen organizado, el narcotráfico, las empresas de armas, sicarios y la corrupción.

No es persiguiendo a un bandido como se resuelve la crisis. Se trata de estructurar una política que enderece y redefina el modelo de seguridad de las ciudades.

Poco o nada aportan las millonarias inversiones en cámaras y sistemas de control y vigilancia, si las prioridades en seguridad de la Policía y la Fiscalía no son las mismas de las de la ciudadanía. En el reciente foro @MedellínEsMás que narcotráfico, de EL COLOMBIANO y la Alcaldía, se denunció que la crisis de la ciudad va más allá del microtráfico, que la mafia ha mutado, privatizado lo público y apoderado de negocios legales para sostenerlos desde la ilegalidad.

La política criminal del Gobierno no puede quedarse en la narcotización, de si se viola o no el Código de Policía, si se está invadiendo el espacio público. Esa no es la prioridad ciudadana en seguridad.

A la extorsión debe responderse con una política de Estado que ponga fin a este negocio criminal, cuyas rentas superan las logradas por muchas de las grandes empresas del país. Estas sí pagan impuestos, generan empleo, desarrollo económico e incluso obras de gran impacto social y ambiental.

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